Diversos convenios suscritos los cumple el gobierno sólo de manera parcial

Tratados mundiales obligan a México a garantizar acceso al aborto seguro

Es impostergable reorientar leyes y políticas públicas, señala comisión pro derechos

ANGELES CRUZ MARTINEZ

México ha suscrito al menos cinco tratados internacionales que lo obligan moral y jurídicamente a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre ellos el acceso al aborto seguro, señala un análisis de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Aunque leyes y políticas públicas del país reflejan algunos de esos compromisos, señala, todavía falta mucho para que todas las personas accedan realmente al más alto nivel posible de salud sexual y reproductiva.

El organismo civil resalta que también existen tratados mundiales en materia de derechos humanos, que si bien no se refieren expresamente a los reproductivos, protegen otras garantías que contribuyen a la autonomía reproductiva, como el derecho a la vida, la libertad, la seguridad e integridad personal, estar libre de discriminación y la libertad de pensamiento y conciencia, entre otros.

Al referirse a la situación de la población femenina, menciona que la problemática de ese sector hizo necesaria la creación de instrumentos específicos que garantizaran la eliminación de las injusticias estructurales que viven las mujeres por el simple hecho de ser.

Así, además de que abordan aspectos sobre igualdad y no discriminación, dichos acuerdos se refieren a los rubros de sexualidad, reproducción y protección de la maternidad.

Entre los pactos más destacados se encuentra el Programa de Acción de El Cairo, en el que los países se comprometieron a asegurar que toda persona pueda decidir tener hijos o no; acceder a servicios de salud reproductiva de alta calidad, y obtener un aborto seguro en los casos admitidos por la ley.

Otros tratados firmados y ratificados por México son la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará); la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo (1994), y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

En su análisis, la CMDPDH subraya que convenios de ese tipo están sólo por debajo de la Constitución, pero por encima de todas las leyes federales y locales. En ese sentido, destaca la recomendación general 24 de la CEDAW, la cual, entre otros temas, establece que en la medida de lo posible se debería modificar la legislación que castiga el aborto, con el propósito de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que hayan decidido interrumpir su embarazo. También plantea como exigencia que todos los servicios de salud sean compatibles con las garantías básicas de las mujeres.

Respecto de México, la CEDAW recomendó al gobierno en 2003 que evaluara la conveniencia de revisar la legislación que penaliza el aborto; a los estados de la República, que revisen sus leyes para que, cuando proceda, se garantice el acceso rápido y fácil al aborto. Además, indicó la conveniencia de emprender acciones encaminadas a disminuir la mortalidad provocada por el aborto ilegal.

En agosto de 2006 la CEDAW emitió nuevas recomendaciones a México, en las cuales señala su preocupación porque el aborto todavía es una de las principales causas de muerte materna y que, a pesar de su legalización en casos específicos, las mujeres no tienen acceso a servicios de salud seguros ni a métodos anticonceptivos.

El organismo internacional también solicitó al Estado mexicano que armonice sus leyes en la materia en los niveles federal, estatal y local, lo cual todavía está pendiente.