Explota la política del miedo por el clima electoral, dice
Limeddh: ilegales, las capturas de altermundistas en Yucatán
Ampliar la imagen
Arrresto de manifestantes por la visita de George W. Bush a Yucatán
Foto: Archivo/José Carlo González
El gobierno de Yucatán mantiene una acción concertada para presentar como delincuentes y vandálicos a los jóvenes "arbitrariamente privados de su libertad" tras la marcha de repudio a la visita del presidente de Estados Unidos, George Bush, el pasado 13 de marzo en Mérida, con lo cual los mantiene recluidos de manera ilegal, afirma la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
Con esto, agrega, "se atenta contra la legalidad y sus garantías constitucionales, además de contribuir al enrarecimiento del clima político de Mérida, Yucatán, ante el proceso electoral de mayo próximo".
Tras entrevistarse con los detenidos en esa protesta -la mayoría de ellos agredidos por las fuerzas policiacas- y analizar otros aspectos, la ONG hizo públicos los primeros testimonios que recabó, en los que se advierte la ya conocida forma de actuación de los policías en contra de movilizaciones sociales.
La Limeddh subraya que aunque todas las personas aprehendidas deberían estar libres, "las autoridades les acumularon numerosos cargos para que 23 de ellos, cinco mujeres y 18 hombres, no alcancen la libertad bajo fianza".
Además, denuncia que la juez séptima de defensa social en el estado, Rubí Guadalupe González, "ha favorecido en todo momento" a la policía municipal y a la procuraduría de justicia local para mantener en prisión a 19 personas, "retorciendo la ley".
La organización de defensa de los derechos humanos advierte que "el estado de los prisioneros es deplorable"; uno de ellos sufrió la fractura de una costilla desde el 13 de marzo pero fue atendido 11 días después, y sólo tras la intermediación de la Limeddh; agrega que otro de los jóvenes aprehendidos padece un trastorno mental que le impide ubicarse en la realidad objetiva como para darse cuenta de qué le sucede; mientras que una mujer presenta un cuadro depresivo "tan grave que está propensa al suicidio".
En su informe, la ONG afirma que detalles como estos no han sido considerados por la juez que conoce de las detenciones.
Añade que ocho personas que aún permanecen recluidas han demostrado (con testimonios de amigos, familiares y hasta sus jefes en el empleo) que no participaron en las protestas por la visita de Bush en ese estado, por lo que no pueden estar involucrados en los hechos que les imputan y que los mantienen en prisión.
"Otra grave irregularidad -afirma la Limeddh- es que el ayuntamiento de Mérida ha sobrevaluado el costo de los daños en alrededor de 80 mil pesos, pues pretende cobrar 3 mil pesos por el lavado de los pisos del palacio municipal, 12 mil por la pintura de la fachada, 5 mil por la limpieza de las columnas de cantera, 4 mil 800 por daños en los cascos del inmueble, mil 800 por escudos de acrílico y 3 mil por una radio portátil".
El organismo asegura contar con fotografías en las que aparecen "provocadores", quienes fueron los causantes de los destrozos en las instalaciones del palacio municipal, "mismos que no han sido arrestados".
Tras realizar el análisis de los hechos, la Limeddh indica que "las detenciones de los jóvenes yucatecos es un fraude judicial multidimensionado, debido a que se abusa de la buena fe para la venta de la política del miedo. En el contexto político-electoral actual del estado, la estrategia gubernamental es el fomento del terror y el miedo en la población para después pretender demostrar un clima de legalidad y seguridad, por lo que han sido detenidos varios jóvenes que fueron víctimas de desprecio y discriminación por parte de las autoridades".