Desarrollo local y regional integral
Con ocasión de los 25 años de sus variados e impactantes trabajos de acompañamiento estratégico, promoción autogestionaria y fortalecimiento organizacional de proyectos locales y regionales de desarrollo integral, con el fin de ejercer en la práctica y reivindicar propositivamente desde la base social los derechos humanos, particularmente los económicos, sociales, culturales y ambientales, el día de ayer la organización ENLACE, Comunicación y Capacitación, presentó su segundo informe público de actividades.
El primero lo había dado a conocer hace cinco años. Con él celebra igualmente los 10 primeros años de la regionalización de sus actividades y da, sobre todo, cuenta de los procesos populares de desarrollo generados a partir de su plan 2004-2006 en las distintas regiones en las que se concentra su quehacer institucional, señalando sus logros, dificultades y desafíos. Presenta, además, un balance social, a partir de las líneas estratégicas en las que ordena su desarrollo institucional y orienta su intervención en las regiones del país con las que tiene vinculación. La primera de ellas es el impulso a diferentes procesos de desarrollo local autogestivo y sustentable, ubicados entre sectores rurales, indígenas, urbanos y suburbanos, vinculados según el caso con actores populares, sociales, académicos, eclesiales y municipales en la llamada sierra Nevada de Puebla; en la región de Las Cañadas de Ocosingo y Montes Azules, en Chiapas; en la zona lacustre y montañosa de la delegación de Xochimilco, en el Distrito Federal; en la Mixteca Alta de Oaxaca, y en la llamada región Tojolabal Alta (cañadas de Las Margaritas y la zona fronteriza de la selva Lacandona), también en Chiapas, todo ello bajo una perspectiva de regionalización y articulación estatal, nacional e internacional. Las demás líneas son la visibilidad y transparencia de sus actividades, los esfuerzos por generar procesos de sistematización de experiencias de impacto y de elaboración de propuestas de incidencia política, así como la profesionalización de su equipo de trabajo y el fortalecimiento de la cultura institucional en la organización.
El informe presenta también con claridad y agudeza un interesante análisis de las principales tendencias estructurales que caracterizan el contexto nacional en el periodo del que se informa, e impactan los procesos que promueve y acompaña: la ampliación y profundización de la pobreza y la desigualdad social; el desmantelamiento de la base productiva nacional y la consiguiente pérdida de la soberanía alimentaria del país; la derechización política y el control de los medios masivos de comunicación sobre la población, puesto de manifiesto en el pasado proceso electoral; la deslegitimación de las instituciones y el agotamiento de las vías legales e institucionales, y la resistencia y emergencia de movimientos sociales hacia la conformación de un frente amplio, capaz de construir un nuevo pacto nacional.
La organización afirma que de acuerdo con un concepto multidimensional de pobreza, y empleando métodos de medición integrada, 81.3 por ciento de la población es pobre y 39.1 por ciento es indigente, a escala nacional. Dice también que el número de jóvenes desempleados ascendió a más de 10 millones en los últimos 10 años, y que de esta población desempleada, un millón 500 mil jóvenes emigran diariamente al país del norte. Ello pone igualmente de manifiesto la ineficacia de políticas y programas sociales y rurales de enfoque compensatorio y asistencial. Afirma también que la deslegitimación de las instituciones y el agotamiento de las vías legales e institucionales alcanzó su punto crítico en la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no reconoció las irregularidades del proceso de 2006, y con ello incrementó condiciones para una acentuada polarización de fuerzas, y en la recurrencia selectiva a la fuerza, que se manifiesta en la represión a los movimientos sindicales y sociales en Atenco, Lázaro Cárdenas y Oaxaca."Bajo una alianza de partidos en el Congreso -se afirma también-, se negocia la agenda de las reformas en materia energética, laboral y fiscal, y aquellas que favorecen la privatización de los sectores de educación y salud pública, y con ello la pérdida progresiva de derechos sociales".
Esta asociación civil, que se define como un espacio de reunión, convergencia y diálogo entre visiones, saberes y proyectos alternativos de sociedad, surgió en 1982 gracias a la confluencia del trabajo pastoral con las comunidades indígenas de la diócesis de San Cristóbal de las Casas; los procesos de organización popular en la ciudad de México, impulsados por las teorías de cambio social en los espacios universitarios, y los esfuerzos por una economía social sostenida por empresas colectivas, que rearticulaban en el Distrito Federal el campo y las colonias y barrios populares.