El procurador Gonzales empieza a "considerar" su renuncia, como piden congresistas

Admite jefe de la FBI errores al aplicar la ley contra el terrorismo

Condena HRW la declaración de culpabilidad de un australiano detenido por EU en Guantánamo

AFP, DPA, REUTERS

Washington, 27 de marzo. La administración del presidente George W. Bush, presionada por las crecientes demandas de que renuncie el procurador general, Alberto Gonzales, pidió hoy a los senadores, en voz del jefe de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Robert Mueller, mantener las herramientas de investigación antiterrorista contenidas en la Ley Patriótica, pese a los abusos en su aplicación revelados a principios de mes.

En este contexto, la investigación del Congreso en torno a la destitución de ocho fiscales, dispuesta por Gonzales, dio nuevamente la nota negativa contra el gobierno, pues una de las citadas a declarar y colaboradora cercana del funcionario, rechazó dar testimonio, alegando su derecho a "no autoincriminarse".

"No es la ley la que ha provocado los errores, es la aplicación de la ley por la FBI", declaró Mueller en una audiencia ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado.

El informe de una auditoría interna reveló hace unas semanas varias violaciones a la regla impuesta a la FBI para recabar información personal en investigaciones antiterroristas, errores que Mueller juzgó de "inaceptables".

Los agentes de la FBI habrían abusado de la utilización de "cartas de seguridad nacional" emitidas para justificar pedidos de ciertos tipos de información sobre ciudadanos particulares, como sus listas de llamadas de larga distancia y suscripciones a publicaciones, autorizadas por la Patriot Act, aprobada luego de los atentados contra Washington y Nueva York del 11 de septiembre de 2001.

Esa ley facilita a la FBI la obtención de cartas de seguridad nacional pero, según el informe, los agentes las estaban utilizando sin siquiera citar una investigación autorizada o brindar documentación adecuada, como estaban obligados.

En lo referente al secretario de Justicia, una colaboradora cercana de Gonzales, Monica Goodling, encargada de mantener la comunicación entre el departamento de Justicia y la Casa Blanca, anunció que ella no responderá a preguntas de legisladores por tener derecho a no autoincriminarse.

"El contexto hostil y discutible del proceso actual en el Congreso es por lo menos ambiguo, más precisamente, este contexto puede ser descrito como legalmente peligroso", explicó en un comunicado el abogado de Goodling, John Dowd.

La Casa Blanca, que ha defendido a Gonzales y criticó que el Congreso obligara a declarar a los implicados bajo juramento señaló, a través de su vocera, Dana Perino: "Es desafortunado que un servidor público no sienta que su testimonio sería tratado de manera justa por el Congreso".

Gonzales rehusó comentar sobre la negativa de Goodling, que describió como "la decisión de un empleado del departamento de ejercer sus derechos constitucionales". En cambio, agregó: "ansío trabajar con el Congreso. Creo en la verdad y la responsabilidad y todo lo que he hecho en conexión con este tema apoya esos principios".

En declaraciones concedidas el lunes, Gonzales dio a entender que empieza a estudiar la posibilidad de dejar su cargo como exigen legisladores demócratas y algunos republicanos, por considerar que las destituciones se debieron a que los fiscales se dedicaban a casos de corrupción que implicaban al gobierno del presidente George W. Bush.

"Cada funcionario tiene que preguntarse alguna vez: '¿Sigue siendo apropiado que dirija un departamento?' Es algo que me he preguntado muy a menudo últimamente", dijo Gonzales.

Documentos transmitidos por el Departamento de Justicia al Congreso mostraron que Gonzales estuvo probablemente más implicado en el proceso de decisión de lo que ha reconocido. Hace dos semanas el secretario afirmó que sólo su jefe de gabinete, Kyle Sampson, que dimitió, se encargaba del tema de los fiscales, sin haberlo discutido nunca con él.

Pero según las copias de correos electrónicos y otros documentos publicados el viernes, Gonzales se reunió el 27 de noviembre por una hora con Sampson para discutir las remociones, cuya lista se concluyó diez días después.

A diferencia de Goodling, Sampson aceptó ser testigo bajo juramento ante los legisladores. Este jueves asistió al Comité de Asuntos judiciales del Senado, que busca saber por qué los fiscales federales fueron destituidos, y hasta qué punto el secretario de Justicia y la Casa Blanca estuvieron implicados en esta decisión.

Los fiscales federales son nombrados por el presidente, que puede destituirlos cuando lo desee. Pero esta práctica, que ocurre por lo general con el cambio de gobierno, no suele usarse dentro de un mismo mandato, y muchos demócratas denuncian una manipulación política de la justicia.

De otro lado, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, autorizó ofrecer una recompensa de cinco millones de dólares por la captura del presunto terrorista malayo, Zufliki Ben Hir (alias Marwan) sospechoso de ser el autor de numerosos atentados con bomba en Filipinas, y quien será agregado a la lista de los criminales más buscados por Estados Unidos, indicó el Departamento de Estado.

A su vez, Human Rights Watch (HRW) condenó una audiencia contra el australiano David Hicks, acusado de terrorismo, quien el lunes se declaró culpable después de más de cinco años de permanecer recluido en Guantánamo, y dijo que el tribunal militar no es capaz de ofrecer un juicio justo.

"Dos abogados defensores del detenido fueron impedidos de representar a su cliente, señal clara de que las comisiones militares son incapaces de alcanzar los requerimientos de un juicio justo", afirmó HRW en un comunicado de prensa. Hicks, un ex cuidador de caballos australiano convertido al Islam, es acusado de participar en campos de entrenamiento de la red Al Qaeda en Afganistán.

Fuerzas de seguridad estadunidenses detuvieron en Afganistán a un sospechoso de haber participado en el atentado contra turistas en Kenia, mientras que en Marruecos fue detenido uno de los seis sospechosos de haber atacado un cibercafé en Casa Blanca el pasado 11 de marzo.

Por último, el juez federal estadunidense, Thomas Hogan, rechazó la demanda de nueve ex detenidos, provenientes de Irak y Afganistán que acusan al ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld y a tres militares de alto rango, de haberlos arrestado injustamente y torturado.