Dudan de la imparcialidad del juez deudos de víctimas en Pasta de Conchos
Denuncian trato preferente a empleados de IMMSA detenidos
A unas horas de que venza el plazo de ley para que un juez de Coahuila determine la situación jurídica de los empleados de Industrial Minera México (IMMSA) vinculados con el accidente de la mina Pasta de Conchos, familiares de los deudos, por medio de su representante legal, denunciaron que ha habido iniquidad, obstrucción de información y trato preferencial a los abogados de los inculpados, de parte de las autoridades judiciales y ministeriales de la entidad.
"Han negado acceso al expediente a las viudas, no les quieren dar copias del documento, mientras que el juez de lo penal ha recibido a los defensores de los inculpados y les admitió 58 actas de defunción como prueba de descargo, cuando únicamente han sido rescatados del yacimiento tres cadáveres; esto es un cúmulo de irregularidades que nos hacen dudar de la imparcialidad del juez", dijo a La Jornada Manuel Fuentes Muñiz, asesor jurídico de los familiares de las víctimas.
Este miércoles se resolverá si Rubén Armando Escudero Chávez, gerente general de IMMSA; Sergio Rico Pérez, superintendente de la mina; Fermín Carlos González, superintendente de operaciones; Antonio Campos González, supervisor de seguridad, y Emilio Rodríguez Díaz, ingeniero de seguridad, quedan sujetos a proceso penal o en libertad por falta de elementos para ser procesados.
A decir de Fuentes Muñiz, están dados los elementos para que se dicte el auto de formal prisión, e incluso "el fiscal nos ha asegurado que el juez está inclinado por sujetar a proceso a los acusados".
La Procuraduría General de Justicia de Coahuila consignó a los trabajadores de IMMSA por homicidio culposo, lo cual les permitirá -en caso de que así lo determine la autoridad jurisdiccional- enfrentar en libertad provisional el juicio. "Es una burla que estén libres estas personas; el juez no debe autorizar una libertad caucional y mucho menos permitir que el juicio se sobresea (se deseche) con el solo hecho de que los inculpados paguen una cantidad por concepto de reparación del daño; no se puede reparar la muerte de 65 trabajadores, eso no se subsana ni con todo el dinero del mundo", puntualizó el litigante.
Los implicados negaron haber actuado irresponsablemente y pidieron la ampliación del plazo constitucional para aportar pruebas sobre su inocencia, por lo que el término vence hoy a las 10:30 horas.