Deja pendientes varias averiguaciones; costó más de $300 millones por gasto y salarios
La Femospp se extingue sin conseguir que se castigue a presuntos represores
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) llega hoy a su fin sin haber conseguido una sola sentencia condenatoria por delitos cometidos durante las matanzas del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 o la llamada guerra sucia, objetivo principal de su creación en el sexenio foxista.
El Diario Oficial de la Federación publicó ayer el acuerdo por el cual la Procuraduría General de la República (PGR) determinó en noviembre pasado disolver la fiscalía, que el jurista Ignacio Carrillo Prieto encabezó desde 2002.
La legislación mexicana establece que las determinaciones gubernamentales entran en vigor al día siguiente de que son publicadas en el diario.
Todavía Carrillo Prieto estuvo en posibilidades de cobrar las nóminas de diciembre, enero, febrero y la primera quincena de marzo, según indicaron fuentes oficiales, lo que también se pudo corroborar con registros de información del Instituto Federal de Acceso a la Información. Sin embargo, las fuentes no precisaron si el ex fiscal recibió esos pagos.
El logro más importante de Carrillo Prieto durante su desempeñó como fiscal especial fue conseguir orden de aprehensión y auto de sujeción a proceso contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, a quien sin embargo no consiguió ver tras las rejas, pues obtuvo el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria establecida en el artículo 55 del Código Penal Federal.
A finales de noviembre pasado, el ex titular de la PGR Daniel Cabeza de Vaca firmó el acuerdo A/317/06 que establece: "Se abroga el acuerdo A/01/02 por el que se designa fiscal especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, suscrito el 4 de enero de 2002".
Con la publicación del acuerdo en el diario, las averiguaciones previas que continúen en trámite -relacionadas con delitos cometidos durante la guerra sucia-, así como el proceso por genocidio contra Echeverría -derivado de la matanza en Tlatelolco- pasarán a formar parte de las responsabilidades de la Dirección General de Investigación de la PGR.
El 13 de marzo de 2006 La Jornada publicó en exclusiva que la Femospp estaba por llegar a su fin. De acuerdo con la información recabada en esa ocasión, la Presidencia y la PGR habían determinado que la era de la Femospp agonizaba debido al "gran desgaste" de su titular y a los pocos resultados obtenidos a lo largo de sus cuatro años de existencia.
Entre las averiguaciones previas que dejó pendiente la Femospp se encuentra la indagatoria PGRFEMOSPP /016/ 2002, relativa a los hechos acontecidos el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Atoyac de Alvarez, Guerrero, donde 17 campesinos fueron asesinados y alrededor de 25 quedaron lesionados, algunos de suma gravedad, en una emboscada perpetrada por policías del estado, que entonces era gobernado por Rubén Figueroa Alcocer.
Otra indagatoria inconclusa tiene que ver con el asesinato de más de 600 perredistas, la cual se inició a partir de una denuncia presentada en julio de 2002 por Cuauhtémoc Cárdenas, María Eugenia López Brun, Amalia García, Javier Hidalgo y los familiares de Francisco Javier Ovando y Román Gil Heráldez, asesinados en vísperas de la elección presidencial de 1988.
El órgano -oficialmente constituido por decreto presidencial el 27 de noviembre de 2001- costó más de 300 millones de pesos en gasto corriente y salarios, rubro este último del cual Carrillo Prieto devengó, a partir del 4 de enero de 2002, un sueldo bruto mensual de 213 mil 190.89 pesos, de acuerdo con informes de la PGR.
Lo anterior, sin considerar los recursos destinados para gastos relativos a investigaciones en materia de seguridad nacional, de los cuales se desconoce públicamente el monto exacto, ya que se consideran un asunto confidencial.