Nueva Ley del ISSSTE: neoliberalismo ejemplar
El efecto eclipse que provoca la presencia de Elba Esther Gordillo en el proceso de elaboración de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y las declaraciones tremendistas del Presidente y de sus funcionarios, han impedido que el país conozca la dimensión real de la reforma y los efectos que de ella podemos esperar los simples mortales.
La opinión pública se ha desviado a condenar o aplaudir los arreglos que fuera del ámbito legislativo tuvieron los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) con Elba Esther, la estridencia priísta de que blindarán los nuevos ahorros para evitar los tradicionales abusos de la profesora, el borreguismo de los diputados que votan por consigna, el desproporcionado calificativo de patriotas a quienes las aprobaron emitido por el licenciado Felipe Calderón, en tanto los problemas reales, como los servicios médicos inhumanos, ineficientes e inoportunos eran ignorados no sólo en el debate parlamentario, sino también en la discusión pública. Esto se estima como trivial frente a la presencia de la profesora que atrae todos los reflectores con sus nuevos supuestos mecanismos de enriquecimiento, impidiéndonos ver los problemas reales y sus posibles correcciones.
Las declaraciones de Calderón de estarle dando viabilidad financiera al país al reducir el costo del régimen vigente de 54 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) -9 billones de pesos- en 20 puntos, lo que equivale a una reforma fiscal por casi 15 o 20 años, contrasta con la de su titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, quien al día siguiente en la propia Convención Bancaria declaró que la Ley del ISSSTE obliga a tener una reforma fiscal, ya que el costo de las modificaciones a dicha ley, avalada por los diputados, es mayor a los 2 billones de pesos, reiniciando así una nueva danza de los billones en extremo confusa, porque las declaraciones son en sí mismas contradictorias. Seguramente los 2 billones de Carstens son el resultado de una impresionante reducción del costo del ISSSTE, de los 9 billones de Calderón a sólo 2 de Carstens, no haciendo sentido la reducción de 40 por ciento anunciada por el Presidente de la República ni la necesidad de una reforma fiscal para hacer frente a un ahorro de esa magnitud.
Los números, los billones con los que se va condicionando la opinión pública sin argumentos reales, no son exigibles, son meros actos de prestidigitadores actuariales, generalmente con fama trasnacional, sin embargo, en el trasfondo de la maniobra sí hay un ahorro, un ahorro real que es pagado por el auténticamente pobre pensionado, quien verá reducida su pensión a menos de la mitad del último salario con el que se pensione bajo el régimen de ahorro individual, en contraste con una pensión igual a su último salario en el régimen aún hoy vigente. Para hacer digerible la reforma se establece la opción al trabajador de jubilarse conforme a la nueva ley o a la que será derogada; salvo algún orate, todos los actuales trabajadores elegirán jubilarse bajo la ley vigente, lo que determina que los primeros efectos reales de la reducción del costo de las pensiones se verá dentro de 35 o 40 años, haciendo inexplicable la euforia presidencial sobre la recuperación de la viabilidad financiera del país.
La reforma afectará a los futuros trabajadores, quienes tendrán que someterse al régimen de ahorro individual y dedicarán su vida a engordar una administradoras de fondos para el retiro (Afore) pública o privada para recibir una pensión muy inferior a su salario base, no digamos a su salario integrado que se verá reducido a una tercera parte. Esto me parece inmoral e inhumano por aplicarse a salarios que apenas alcanzan a cubrir en promedio cuatro veces el minisalario, lo que equivale a un salario mínimo conforme al concepto del mismo, definido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En síntesis, la euforia presidencial, los logros PRI-PAN-Elba Esther se fundamentan en que a los trabajadores futuros se les reducirán dentro de 40 años sus pensiones. Por lo pronto, lo que urge es lo dicho por Carstens, una reforma fiscal con propósitos recaudatorios, porque el presupuesto no alcanza para cubrir los múltiples compromisos actuales Fondo Bancario de Protección al Ahorro-Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, rescate carretero, proyectos de impacto diferido en el registro del gasto, absorción de cuota patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, rezagos educativos y ahora el incremento a las aportaciones del ISSSTE por más de 50 por ciento para poder pagar la privatización de sus servicios médicos.
El día de hoy, conforme a la presentación oficial de la iniciativa, el ISSSTE, vergüenza nacional, tiene un déficit de cinco hospitales de especialidades, 10 hospitales generales y 40 clínicas de atención primaria, 25 mil equipos médicos obsoletos, diferimiento de consultas, espera de cuatro años para un trasplante, de ocho a 12 meses para una cirugía cardiaca, desabasto creciente de medicamentos y materiales de curación, un cuadro básico de medicamentos más pequeño que el del sector salud y una absoluta incapacidad para atender las urgencias, por sobresaturación. Todo ello resultado de la insuficiencia en la deliberada asignación de recursos para lograr el desmantelamiento de la institución. Esto que parece diseñado para documentar los fallecimientos de la burocracia, contrasta con los servicios que recibe la casta divina al servicio del Estado por conducto de los seguros de gastos médicos mayores, que chupan 3 mil millones de pesos de recursos presupuestales anualmente.
Las modificaciones al seguro de salud son "estructurales", decisiones orientadas a la privatización, al poner en manos de la junta directiva la formulación del reglamento allá en lo oscurito sobre subrogación y venta de servicios, eliminando la polémica, y al separar el manejo del organismo financiero del organismo prestador de servicios abre el esquema de compraventa de servicios, lo que favorece la privatización, por darse en una etapa en la que el rezago de inversiones no sólo del ISSSTE, sino de todas las instituciones públicas de salud las excluye de la competencia. El incremento asignado al seguro de salud es importante pero insuficiente, porque continúa sin haber fuente de financiamiento para el pago de los servicios médicos de los jubilados, que cada día serán más.
Asimismo, el fondo de 8 mil millones de pesos otorgados en tres años es insuficiente para reconstruir la desmantelada infraestructura del ISSSTE. De la estimación de camas faltantes, 4 mil, se requeriría una aportación mayor, indispensable para poner en pie al instituto.
La confusión en los efectos, bondades y defectos de la reforma se debe, además, a la falta de información verificable y por haberse omitido la valoración del impacto presupuestario de la iniciativa, como lo exige el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. La opinión del centro, dirigida al presidente de la Comisión de Hacienda, es un frívolo acto de fe; a la letra dice: "Una vez analizado cada uno de ellos se puede concluir que la iniciativa en comento no presenta impactos presupuestarios adversos en las finanzas públicas, dado que para la determinación total del impacto presupuestario del seguro de pensiones se consideran todos los flujos generados por la propuesta de reforma, de manera que ésta genera una disminución muy importante en la carga del Estado con el actual sistema de reparto, al disminuir el déficit sustancialmente.
"Asimismo, la propia generación del bono de reconocimiento no contempla recursos adicionales, dado que éste se expide como un instrumento cupón cero que no implica mayor disposición de recursos."
La anterior opinión que no les reconoce mayoría de edad a los diputados para juzgar por ellos mismos a partir de la información fuente, contrasta con la de Carstens, quien plantea la urgencia de una reforma fiscal por las modificaciones a la Ley del ISSSTE.
La recuperación del equilibrio financiero del país tiene como único fundamento reducir a la generación futura de burócratas, dentro de 35 años, sus pensiones a la mitad de lo que recibirían en términos de la ley vigente, lo que confirma la vocación de los gobiernos de PRI y PAN al empobrecimiento de los mexicanos, ya que la reducción se hace a pensiones que apenas hoy alcanzan a cubrir un salario mínimo que permita: "satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos", tal como establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley del ISSSTE, en proceso legislativo fast-track, es una joya del pensamiento neoliberal, desresponsabiliza al Estado, sustituyéndolo por el ahorro individual, confirma la incapacidad de las instituciones públicas al abrir la subrogación, empobrece al empleado público reduciéndole sus pensiones y fortaleciendo a los ricos por la concentración del ahorro individual en favor de las Afore.