Rechazan ONG elevar sanciones a migrantes ilegales
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Indocumentados centroamericanos detenidos por empleados de Migración, en el estado de Chiapas
Foto: Notimex/René de Jesús
Organizaciones no gubernamentales se pronunciaron en contra de las propuestas de legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en el sentido de endurecer las políticas migratorias en nuestro país, aumentando las sanciones a los extranjeros que se internen ilegalmente al territorio nacional.
El Foro Migraciones, integrado, entre otras, por Sin Fronteras, Frontera con Justicia y la Clínica Legal de Interés Público del ITAM, reiteraron que se oponen a estas propuestas del PRI y el PAN, porque el sentido es el de criminalizar a los migrantes, pues recordaron que la internación indocumentada a un país debe ser considerada una falta administrativa y como tal debe ser atendida y sancionada.
La mayoría de los migrantes, afirman, llegan al país en búsqueda de mejores oportunidades de vida para ellos y sus familias y no cuentan con recursos económicos, por lo que resulta particularmente gravoso imponerles una multa tan alta -unos 25 mil pesos- a los extranjeros que se internen irregularmente.
"Dicha sanción, en realidad, representa un uso simbólico del derecho penal en la medida en que la mayor parte de los migrantes no tienen posibilidad real de pagar una cantidad tan alta", precisan.
El Foro Migraciones propuso que la derogación ante las cámaras de Diputados y Senadores, no se limite al artículo 123, sino que incluya la eliminación de la amenaza penal prevista en los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 125 y 127 de la Ley General de Población, ya que todos ellos criminalizan la migración indocumentada bajo diferentes supuestos y penalidades.
Hicieron notar también que es ilegal la creación de la Policía Estatal Fronteriza en Chiapas, avalada por el gobierno estatal y federal que presiden Juan Sabines Guerrero y Felipe Calderón Hinojosa. Recordaron que a pesar de que la ley que crea esa policía entró en vigor este mes, empezó sus actividades desde diciembre, sin tener un sustento legal.
"Nos preocupa el hecho de que la Policía Estatal Fronteriza continúe la ambigüedad respecto de las facultades y actividades de esta policía en la materia migratoria", puntualizan, y agregaron que se corre el riesgo de que sus funciones se contrapongan con la materia federal y tenga un efecto negativo de la seguridad de los migrantes.