Editorial
Israel: ocupación racista
En su informe anual al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, el relator especial del organismo para los territorios palestinos ocupados, el sudafricano John Dugard, comparó la situación que viven los habitantes árabes de esas tres zonas -Cisjordania, Gaza y la Jerusalén oriental- con la que en su país padecieron los negros en tiempos del régimen racista: separación obligatoria de familias, severas dificultades para desplazarse entre distintos puntos y un sistema de caminos exclusivo para los israelíes implantados en tierras palestinas, "algo que no fue contemplado ni siquiera en el apartheid sudafricano", a decir del funcionario. Adicionalmente, Dugard destacó que los asentamientos judíos al oriente de las fronteras de 1967 -que son, de acuerdo con las resoluciones 242 y 337 de la ONU, las que deben delimitar el mapa de Israel- "constituyen una forma de colonialismo". A lo anterior debe sumarse el terrorismo de Estado que el régimen de Tel Aviv mantiene de manera permanente, los asesinatos, las torturas, los encarcelamientos sin juicio y, por encima de todo, la criminal retención de los fondos fiscales palestinos por parte de la potencia ocupante.
Dugard puso de relieve en su informe la grave responsabilidad de los gobiernos occidentales en la situación, toda vez que éstos, a pesar de su pretendida preocupación por la vigencia de los derechos humanos en otras partes del mundo -como en Darfur, Sudán-, se hacen de la vista gorda ante el atropello que su aliado regional, Israel, comete de manera cotidiana y sangrienta contra todo un pueblo.
Por si no bastara, la Europa pretendidamente democrática y civilizada ha hecho causa común con Washington y Tel Aviv para embargar los recursos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) por el simple hecho de que no le gusta que haya en ella integrantes de la organización radical Hamas, con todo y que los ciudadanos palestinos votaron mayoritariamente por ese grupo en unas elecciones ejemplarmente democráticas. Si algo ilustra la hipocresía de los gobiernos del viejo continente y de Estados Unidos es que a sus gobernantes no les pasa por la cabeza promover un embargo contra Israel cuando llegan al gobierno de ese país los núcleos más guerreristas, intransigentes y violentos del espectro político.
A ojos de todo el mundo, Occidente permite, pues, la persistencia de una ocupación que no sólo es ilegal y responsable de crímenes de lesa humanidad sino que constituye, hoy en día, un ejemplo de racismo vivo y actuante. La indignante circunstancia que padecen los palestinos es, además, moralmente catastrófica para el pueblo israelí, sobreviviente él mismo de un programa racista de exterminio, y degradante para una comunidad internacional que se había jurado impedir que la discriminación regular y sistemática volviera a ser elevada a rango de política gubernamental, en ningún país y nunca más. Y sin embargo, los habitantes árabes de la Palestina ocupada son tratados como seres humanos de segunda por una potencia que practica el pillaje territorial, la alteración demográfica, la limpieza étnica, las venganzas contra civiles y, en general, una de las más criminales de cuantas guerras sucias han sido emprendidas contra civiles desde mediados del siglo XX hasta la fecha.