Empezaron con los operativos en el país, admite; cumpliremos nuestro deber, afirma
Amenazas del crimen organizado al presidente Calderón y a su familia
"Será una batalla larga, no se podrá cantar victoria y decir esto se acabó", asegura
El presidente Felipe Calderón admitió que él y su familia han recibido "muchas amenazas" a partir de los operativos policiacos en contra del crimen organizado. Pero, puntualizó, "eso no cambia nuestra decisión de cumplir con nuestro deber".
En entrevista con la agencia informativa Reuters, que realiza el Foro sobre inversión en América Latina, el mandatario comentó que desconoce si las amenazas son ciertas o falsas. "Soy realista y sé que esto va a ser una batalla larga y no se va a poder cantar victoria y decir esto ya se acabó".
Inclusive, dijo que es probable que ni siquiera durante su gestión al frente del gobierno de la República se pueda dar por concluida la lucha contra el narcotráfico; sin embargo, "no tenemos otra alternativa más que actuar. Es una guerra".
Planteó enseguida que el objetivo de las acciones para abatir a la delincuencia en el país es "tener un México seguro, que tenga espacios para nuestros hijos y familias. Y, efectivamente implica riesgos y costos que hay que asumir".
Por la tarde, Calderón Hinojosa tomó la protesta a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República. Ahí reconoció que el gobierno no puede ganar solo esta batalla.
Antes, el procurador Eduardo Medina Mora también admitió que cada vez la delincuencia se organiza mejor, con una táctica sofisticada y hasta temeraria, al grado de que el crimen "pareciera estar en todas partes", dijo.
Señaló que "la capacidad del Estado para enfrentar la problemática de la inseguridad se ha visto limitada".
Por su parte, el jefe del Ejecutivo aseguró que el combate al crimen organizado "es una batalla que el gobierno tiene que librar y está librando; pero, también, es una batalla que requiere la participación ciudadana, porque el gobierno no puede ganarla solo, se requiere de la sociedad, se requiere de los ciudadanos".
El mandatario indicó que la sociedad debe asumir el compromiso, porque ello es una cuestión medular "para poder garantizar, entre otras cosas, contar con autoridades, con cuerpos policiacos, con Ministerios Públicos íntegros".
Lo anterior, porque desde su perspectiva "es bueno y correcto que la policía vigile a los ciudadanos, pero también es correcto y es bueno que los ciudadanos vigilemos a las policías, que exijamos su transparencia y que día con día nos esforcemos hasta que un día logremos una plena confianza en nuestras autoridades policiacas a partir de la premisa de que se trata de funcionarios honestos a carta cabal".
Y reiteró que "la participación ciudadana es vital en el combate al delito, porque se requiere de una nueva cultura de legalidad, de una convicción profunda en los mexicanos acerca de los valores de respeto a los demás".
Mientras, Medina Mora señaló que "la lucha por la seguridad y la justicia convoca a todos". Es, dijo, "una tarea del Estado y una tarea ciudadana en el más amplio sentido", porque "ninguna sociedad puede superar los problemas de violencia sólo con el trabajo de las autoridades".
El titular de la PGR señaló que "una solución de fondo requiere el esfuerzo conjunto del gobierno y de la sociedad, que parta de los principios de la responsabilidad compartida y la confianza mutua".
Medina Mora aludió a que el objetivo de las iniciativas de reformas en materia de seguridad y justicia penal enviadas al Congreso buscan restituir la tranquilidad social y dotar de herramientas a las autoridades para "hacer más efectiva esta tarea, y estar en mejor posición de cumplir a cabalidad con la obligación más importante del Estado: la de brindar a los ciudadanos certidumbre respecto de su integridad física y patrimonial, respecto de su vida, de su seguridad jurídica y de su derecho a desplegar con plenitud sus potencialidades de desarrollo".
Reconoció que "el fenómeno de la inseguridad que vive México afecta indudablemente la calidad de vida de los ciudadanos, limita o francamente obstruye el desarrollo, tiene un enorme costo asociado, destruye capital social y significa una carga especialmente onerosa para los sectores menos favorecidos de la población".