Realizarán auditorías sobre causas demoradas
Acusan ONG a cuatro magistrados argentinos de favorecer a represores
Buenos Aires, 20 de marzo. A sólo cinco días de conmemorar la instalación de la dictadura militar argentina el 24 de marzo de 1976, que dejó 30 mil desaparecidos y decenas de víctimas del régimen castrense, organismos humanitarios denunciaron ayer ante el Consejo de la Magistratura a cuatro miembros de la Cámara de Casación por favorecer a acusados por crímenes de lesa humanidad y obstaculizar juicios e investigaciones.
El Consejo de la Magistratura, a su vez, solicitó una auditoría en las causas que duermen en los cajones de algunos juzgados retrasando a la justicia.
Según la denuncia, las acciones de la Cámara de Casación Penal favorecen a imputados de crímenes cometidos durante dictadura militar, pese a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Más de 60 sobrevivientes de los centros clandestinos de detención reclaman en estas horas juicio político y destitución de jueces como Eduardo Riggi, Alfredo Bisordi, Gustavo Hornos, Ana María de Durañona y Vedia, y se avanza para pedir contra ellos juicio político, por el retraso deliberado de varias causas.
Entre los juicios atascados están las llamadas megacausas de la Escuela de Mecánica de la Armada, del primer cuerpo de ejército, Campo de Mayo y la Operación Cóndor, la coordinadora contrainsurgente de las dictaduras del Cono Sur.
Entre los cuestionamientos más cercanos de los abogados figura la resolución de liberar recientemente al militar Jorge Olivera Rovere, acusado de 180 asesinatos y desapariciones, quien era segundo en la línea de mando del fallecido Guillermo Suárez Mason, hombre clave de la Operación Cóndor y de la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Otra maniobra de los jueces ha sido la designación de "jueces para las causas contra represores en que aparecían sorteados personajes con algún vínculo con la dictadura, que terminaban recusados, como es el caso de Roberto Durrieu, ex secretario de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla".
En tanto, hay mucho movimiento en la provincia de Tucumán, donde el pasado 8 de febrero fueron encontrados restos óseos en lo que fue el primer centro clandestino de detención del país.
En este caso es la llamada "escuelita de Famaillá" y el hallazgo fue por denuncias de vecinos que dijeron que ahí se había enterrado a desaparecidos en 1975.
El 12 de febrero pasado se entregaron los restos a un juzgado que investiga el operativo Independencia de contrainsurgencia, que se desarrolló en esa provincia.
Margarita Cruz, sobreviviente de la escuelita de Famaillá, es una de las personas que está al frente de la investigación sobre esos crímenes.
En aquellos lugares desde febrero de 1975 se instaló un comando de operaciones y la escuela Diego de Rojas comenzó a ser utilizada como centro clandestino de detención, antesala de los más de 400 que la dictadura de 1976 instaló en todo el país.
En Córdoba, ex presos políticos, miembros de hijos, familiares y abuelas de desaparecidos derribaron una pared de lo que fue el centro clandestino de detención D2.
El lugar fue cedido al Archivo Provincial de la Memoria, por lo que para los familiares "derribar este muro es empezar a romper los muros del silencio, para que la verdad salga a la luz y aflore la justicia".