Banqueros vs. Banco de México
El Banco de México (BdM) está de nuevo en una disputa, que no es irrelevante, ahora con los banqueros. Ante las consideraciones acerca de las elevadas comisiones que cobran a sus clientes, la Asociación de Bancos de México (ABM) ha respondido en días recientes aseverando que aunque parece que la banca es cara, en verdad es lo opuesto.
Esta polémica está mal planteada por el BdM que, una vez más, se expone a un cuestionamiento, en esta ocasión de parte de los banqueros, la gran mayoría de ellos propiedad de empresas extranjeras y a los que ha protegido ampliamente desde la privatización que siguió a la crisis financiera de 1995. Pero queda el banco central igualmente expuesto ante el público que compra los servicios de los bancos y ante los cuales tiene, finalmente, una enorme responsabilidad institucional.
Desde hace ya un par de años cuando menos, el gobernador del BdM, Guillermo Ortiz, ha venido afirmado en muy diversas ocasiones que los bancos cobran muy altas comisiones a sus clientes, aun más altas que las que se pagan en otros países y que deben reducirse en beneficio no sólo del consumidor, sino para mejorar el entorno competitivo de las empresas.
El caso es relevante en materia de gestión económica, igualmente, en cuanto a las funciones de las entidades reguladoras de la actividad de los distintos sectores productivos, en este caso en el campo de los servicios. Esta es una economía de mercado con un amplio espectro de liberalización y, como ocurre en todos los países con estas condiciones, requiere procesos cada vez más especializados y de firme ejecución en el terreno reglamentario.
La ABM expuso la semana pasada los resultados de un par de estudios que encargaron a dos empresas de consultoría internacional para evaluar las comisiones y las tasas de interés que aplican sus productos, y para hacer una comparación a escala mundial. En ambos casos los resultados muestran tendencias favorables para los bancos que operan en el mercado mexicano.
En la ABM les parece que esos resultados ofrecen argumentos e incluso hasta pruebas suficientes, si no para desmentir al BdM, sí cuando menos para refutarlo abiertamente. El banco central debe enfrentar el asunto, ya sea porque tiene que cumplir con un mandato legal para atender las cuestiones relativas al funcionamiento del sistema bancario y sus formas de operación (Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros -LTOSF), o porque la naturaleza de sus funciones exige una gran credibilidad pública. Es éste, sin duda, un asunto que de quedarse en un desencuentro trivial iría en contra del necesario reforzamiento del marco institucional que existe en esta sociedad.
En la más reciente comparecencia del gobernador Ortiz ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, el 14 de marzo pasado, reiteró que la LTOSF exige al BdM fomentar la transparencia en las comisiones que cargan los bancos, evitar prácticas discriminatorias y evaluar las condiciones de competencia en el sistema bancario. De ahí se derivan objetivos tales como promover un sistema más competitivo y, en particular, proteger los intereses de los usuarios de los servicios bancarios.
Según los datos presentados por el BdM las comisiones netas que cobran los seis bancos más grandes representan alrededor de una cuarta parte de sus ingresos totales. De ese monto, las comisiones que se cargan en las tarjetas de crédito equivalen a 40 por ciento, las cargadas por manejo de cuentas 15 por ciento, y por transferencias electrónicas 9 por ciento. Conforme a los estudios encargados por la ABM, de los 16 tipos de comisiones considerados, en 10 de ellos bajaron los cargos en el periodo que va de 2004 a 2006. No obstante, los intereses promedio aplicados a tarjetas de crédito, que es uno de los negocios grandes de los bancos, subieron de 24.93 a 25.18 por ciento anual en ese mismo lapso, y ello ocurrió, no debe perderse de vista, en un entorno de baja inflación y estabilidad financiera.
Debería el BdM esclarecer los datos, refrendar los suyos, junto con los argumentos en favor de aplicar menores comisiones y, sobre todo, plantear claramente el lugar que tiene en el ámbito institucional del sistema financiero en el que los bancos ocupan un lugar preponderante.
En lo que va de este mes, BdM ha tenido ya dos rounds públicos; primero con la desaprobación por el Senado del candidato para ocupar el puesto de vicegobernador y, ahora con la ABM. No ha salido bien librado de la pelea, y si no ha sido noqueado ha perdido definitivamente por puntos. No es buen resultado para el banco ni tampoco para los ciudadanos que dependen de una institución con funciones muy relevantes en la economía, pero que es muy frágil.
Estos episodios no están aislados de la crisis institucional que se provocó en 1995 y cuyas reverberaciones aún se advierten. Tiene que ver con la posposición de una profunda reforma del sector financiero y con el impostergable relevo de los encargados de administrarlo.