El servicio profesional electoral, en la mira del instituto
Alista el IFE reforma para encarar nuevas realidades
El Instituto Federal Electoral (IFE) prepara la reforma al estatuto del servicio profesional electoral (SPE) para adecuarlo a la nueva realidad institucional y a los requerimientos para el cumplimiento de sus fines. Al paso de los años, se han producido distorsiones que mantienen en el organigrama puestos cuyas funciones han desaparecido, en tanto que áreas ahora vitales, como la fiscalización, no están consideradas.
La reforma -sostuvo la consejera y presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, Lourdes López- es necesaria para garantizar que el SPE se mantenga como fortaleza institucional; para asegurar que esta estructura continuará dotando de los cuadros necesarios que requiere el IFE, para que, en nuevas condiciones, se alcancen los objetivos y fines que constitucionalmente están fijados para el instituto.
En la actualidad, las 2 mil 349 plazas de la estructura del SPE representan cerca de 23 por ciento del total del personal del IFE. El estatuto vigente del servicio electoral fue aprobado en 1999, por lo cual, casi ocho años después, con modificaciones tecnológicas y nuevas realidades electorales, hay otro escenario para el desempeño de la institución, por lo que "si estas tareas se transforman, evidentemente también debe hacerlo el personal del instituto", apuntó la consejera.
-¿Qué tanto la reforma está ligada al tipo de elecciones que hubo en 2006?
-No tiene que ver. La preocupación es previa al proceso electoral y está directamente vinculada al clima laboral. En 2006, en general, el SPE cumplió con las funciones asignadas por los órganos de dirección, pero un proceso como el de 2006 puso de manifiesto que el fenómeno electoral evolucionó y evidenció que esto debe reflejarse en el SPE.
De acuerdo con el diagnóstico del servicio electoral, el promedio de edad de sus integrantes es de 45 años y en su gran mayoría tienen experiencia en la organización de comicios. De ellos, 314 funcionarios de carrera tienen 55 años o más, con un promedio de permanencia en el instituto de 12 años.
Ubicados fundamentalmente en las juntas locales y juntas distritales, 78 por ciento de ellos tienen experiencia en al menos cuatro procesos electorales, y para sólo 4.25 por ciento, los comicios de 2006, representó su primera experiencia electoral.
Para Lourdes López, está clara la necesidad de que el SPE se renueve, "no tanto en las personas, sino en los procedimientos que garanticen que toda la plantilla esté sujeta a reglas claras de operación". Esto no implica sólo avalar normas para sancionar o despedir, sino que debe orientarse hacia el desempeño del personal apegado a la legalidad.
A su juicio, al paso del tiempo, el estatuto vigente presenta diversas distorsiones que obligan a su revisión, especialmente los cargos cuyas funciones han sido eliminadas. Cita el caso de los centros regionales de cómputo, que desde 2001 ya no operan como tales, aunque permanecen en el catálogo de puestos.
Otra de las deficiencias que empieza evidenciarse por cierta obsolescencia del estatuto, es la relación entre el SPE y el personal administrativo, cuyas diferencias, de mantenerse, producirán tensiones en el clima laboral entre ambos cuerpos de funcionarios.
Aunque en muchas de las tareas el SPE tiene la responsabilidad fundamental -como la organización de elecciones-, eso no implica que el personal administrativo no coadyuve de manera importante en el cumplimiento de dichas tareas.
"Hay gran preocupación por atender las demandas del personal administrativo, particularmente en los estamentos más bajos del personal, porque no tienen las mismas garantías laborales que los del SPE. Evidentemente no pueden ser iguales, pero sí se puede ir construyendo una condición de mayor equidad en el reconocimiento de las aportaciones de unos y otros", subrayó.
Citó como una expresión de estas diferencias y la necesidad de atajarlas el hecho de que el año pasado se presentaron 300 denuncias contra miembros del SPE por parte del personal administrativo o también del propio servicio electoral. De ellas, sólo en 54 casos culminó en sanciones contra los funcionarios denunciados, pero esto "revela tensiones en el clima laboral". Aunque en el IFE no hay posibilidad de organizarse sindicalmente, debemos hacernos cargo de los requerimientos laborales.
Al abundar en el SPE, López reconoció que la modalidad vigente del estatuto, hace poco propició el desarrollo del personal y las promociones. Una persona que ingresa al servicio electoral, tarda entre cinco y seis años para adquirir la titularidad, a partir de lo cual puede buscar nuevas categorías.
Paralelamente, sólo 30 por ciento que ha adquirido dicha titularidad ha logrado crecer en la estructura, si bien por las condiciones económicas del IFE, no siempre se refleja en una mejoría constante de sus salarios. Toda esta situación, añade, debiera modificarse en el marco de la revisión del estatuto.