Una resolución curiosa
Generalmente se entera uno de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo al ser notificado del resultado. Eso puede ocurrir ante los jueces de distrito, tribunales colegiados y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero reconozco que rara vez, si es que alguna, ha llegado a mis manos la versión taquigráfica de la discusión, esto es, la opinión de cada uno de los magistrados o ministros, ya que en los amparos indirectos ante juez de distrito no hay más que la opinión del juez que se refleja en la sentencia.
He vivido esa experiencia recientemente y, lo confieso, sin que me haya producido la menor satisfacción. Los integrantes del pleno de la Corte han resuelto, en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, la demanda de amparo presentada en el año de 2004 con motivo de una reforma a la Ley del Seguro Social que impide al instituto disponer de sus ingresos ordinarios para satisfacer reclamaciones sindicales.
En la demanda de amparo se invocaba que una solución de ese género era incompatible con los principios del artículo 123 constitucional, que prevé que mediante el conflicto de huelga se debe buscar el equilibrio de los intereses de las partes, procurando su armonía. Por otra parte, los convenios colectivos están por encima de las leyes, ya que su finalidad fundamental es mejorar la condición de los trabajadores más allá de las disposiciones legales.
En aquel momento, en que se vivían los vaivenes de la revisión del contrato colectivo de trabajo, la posición del IMSS, expresada sin reservas por su director general, Santiago Levy, era no contratar a un solo trabajador y, por supuesto, no admitir reformas al plan de jubilaciones y pensiones que forma parte del contrato colectivo de trabajo. Era evidente, por otra parte, que la reforma a la Ley del Seguro Social había sido producto de un planteamiento del instituto que el Congreso de la Unión aprobó con entusiasmo.
Por alguna razón misteriosa, aunque quizá no tan misteriosa, Santiago Levy renunció a la dirección del IMSS y fue sustituido por Fernando Flores, quien venía directamente de las compañías de aviación, pero que en su currículo podía invocar sus muchos años como director administrativo del instituto.
Cambió el panorama. Desde el primer momento Fernando Flores mostró su intención de llegar a una solución. El sindicato hizo lo propio. Se reformó el plan de jubilaciones y pensiones con tres puntos importantes. De acuerdo con el primero, los jubilados no cambiarían su condición y seguirían recibiendo las pensiones que les fueron otorgadas antes. Los trabajadores activos habrían de pagar un punto adicional por año de su percepción hasta llegar a un total de 10 por ciento, subiendo del tres por ciento anterior. Los nuevos trabajadores habrían de pagar 10 por ciento de su salario como cuota de jubilación, a partir de su ingreso.
Fernando Flores se comprometió, y le dio cabal cumplimiento a su compromiso, a contratar nuevos trabajadores que eran indispensables para mantener un nivel adecuado de servicio. El número de ellos es de aproximadamente 20 mil.
El resultado del juicio de amparo podría cambiar el espíritu concertador que se hizo evidente en la revisión del contrato colectivo que concluyó el 15 de octubre del año anterior. No es difícil que la nueva administración del IMSS pretenda apoyarse en la resolución de la Corte que sostiene -y no tiene razón- que las reformas de 2005 impiden al instituto disponer para su gasto de sus ingresos corrientes y de las reservas lo que, de llevarse a cabo, conduciría a un conflicto sin remedio.
No se puede olvidar que los contratos colectivos de trabajo son disposiciones que están por encima de la ley. Y ese principio no puede referirse solamente a la Ley Federal del Trabajo, sino a cualquier ley que afecte a los trabajadores, como es el caso de la Ley del Seguro Social.
La Corte, con la excepción de la ministra Olga Sánchez Cordero y del ministro Fernando Franco González Salas, que votaron en minoría en contra del proyecto preparado por la ministra Margarita Luna Ramos, ahora encargada de afinar su proyecto tomando en consideración lo que se dijo en el pleno, se equivocó. Hay una razón fundamental: con notables excepciones que, por cierto, van disminuyendo, los señores ministros no tienen experiencia laboral. Y así puede pasar cualquier cosa.
Lo único cierto es que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social tendrá a su cargo decir la última palabra. No hay que olvidarlo.