Contrastan conclusiones presentadas por la comisión frente al informe de la CCIODH
Intentó la CNDH minimizar violaciones a los derechos humanos en Oaxaca
Resalta la ONG muertes de civiles, tortura a todos los detenidos trasladados a Nayarit y la impunidad imperante
Para Soberanes Fernández sólo 13 personas fueron martirizadas
Mientras el informe que presentó hace unas semanas la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) advierte que durante el conflicto en Oaxaca el Estado mexicano vulneró las garantías fundamentales como medida "ejemplizante" para movimientos sociales, el segundo informe al respecto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se limita a señalar que durante la problemática sólo se transgredieron éstos.
La anterior es uno de varios contrastes que presentan ambos documentos sobre el conflicto. Resalta que mientras la ONG internacional permaneció poco más de un mes analizando la problemática, la investigación del órgano encabezado por José Luis Soberanes Fernández abarcó desde mayo de 2006 hasta el 31 de enero pasado.
En el balance de la comisión nacional se concluye -en el siguiente orden- que el Estado vulneró los derechos de libertad, a la propiedad y posesión, a la integridad física y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica y a la vida; en tanto, la CCIODH subraya que se transgredieron las garantías a la vida, a la libertad personal, a la integridad de las personas, a la seguridad jurídica, de los menores, de los pueblos indígenas y de libertad de expresión, priorizando las 23 muertes que documentó.
De los 20 decesos que la CNDH pudo constatar, en su segundo informe desglosa de manera puntual el caso de Alberto Jorge López Bernal, quien falleció durante el primer operativo de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca, el 29 de octubre, a causa de un cartucho de gas lacrimógeno que se impactó en su tórax.
Por este caso, Soberanes Fernández acusa a los agentes de la PFP de transgredir el derecho a la vida; asimismo, agrega que durante ese operativo los oaxaqueños estuvieron "en franca posibilidad de ser lesionados" por impactos similares.
En cambio, el organismo internacional hace un análisis de los compromisos del Estado mexicano en la materia de protección a la vida. Señala que pese a esos acuerdos, durante el conflicto se presentó "el homicidio de numerosas personas. Además la falta de investigación de actos de vulneraciones de los derechos humanos representa una violación del deber estatal de proteger a sus ciudadanos mediante los tratados internacionales, por lo que se fomenta y fortalece una impunidad impropia de un estado democrático de derecho", priorizando la responsabilidad del Estado en las muertes.
Mientras que el ombudsman nacional afirma que 13 de las personas detenidas y trasladadas a Nayarit fueron víctimas de tortura por parte de policías ministeriales y por la PFP, la ONG internacional asegura que "la totalidad de los civiles capturados padecieron torturas -físicas y sicológicas- y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", y no sólo culpa a los elementos policiacos, sino también a autoridades penitenciarias, defensores de oficio y a la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, instancias que no advirtieron los hechos pese a las lesiones físicas que presentaban los aprehendidos.
En torno a detenciones ilegales, la CNDH encuentra que 366 personas fueron detenidas del 14 de junio al 31 de enero, contra las cuales hubo algunas acciones arbitrarias debido a que las autoridades no contaban con órdenes de aprehensión ni sorprendieron a los presuntos responsables en actos de flagrancia delictiva. Agrega que las detenciones ilegales se presentaron porque no se puso a algunos de los detenidos "de manera inmediata" ante el Ministerio Público.
En ese sentido, la CCIODH además de lo argumentado por la comisión encabezada por Soberanes Fernández, expone que algunos de los detenidos no tuvieron conocimiento del motivo de su aprehensión, se les incomunicó y muchos fueron trasladados directamente a un penal.