El país, tercer lugar en ataques a activistas: reporte
En México es actividad de alto riesgo defender derechos humanos
Ginebra, 14 de marzo. La defensa de los derechos humanos "es una actividad de alto riesgo" en México, donde las autoridades recurren cada vez más al sistema judicial para sancionar a los activistas, en muchos casos con pruebas falsificadas, reveló este miércoles el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos en su informe anual de 2006.
En reporte coincidió con la intervención ante el Consejo de los Derechos Humanos del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Juan Manuel Gómez Robledo, quien destacó que el gobierno del presidente Felipe Calderón se propone "pasar de una política de ratificación de tratados a una centrada en la instrumentación" y así atender la armonización legislativa con los instrumentos internacionales.
Pero con 41 nuevos casos documentados, México quedó inscrito en 2006 como el tercer país con mayor número de reportes por agresión contra defensores de los derechos humanos en América Latina, después de Colombia y Guatemala, donde la "represión y uso de la fuerza fueron desproporcionadas".
El informe, presentado en Ginebra, afirmó que el movimiento de protesta social en México tomó en 2006 una amplitud sin precedente, y simultáneamente fue "objeto de represión y de uso de fuerza desproporcionada", como lo muestran los hechos de Oaxaca.
El texto citó el caso de la joven abogada mexicana Yésica Sánchez Maya, presidenta de la Liga de Defensa de Derechos Humanos en Oaxaca, quien "lucha para defender las garantías de las comunidades indígenas y crea problemas al régimen establecido, pese a las amenazas, difamaciones y órdenes de detención en su contra".
Explicó que la defensa indígena, de la tierra, del medioambiente, del sindicalismo y de los movimientos populares, como en los casos de Chiapas o Oaxaca, acarrean represión, muchas veces violenta.
En su discurso, Gómez Robledo indicó que el pasado gobierno de Vicente Fox reconoció rezagos en derechos humanos que fueron expuestos en las contribuciones y promesas que presentó al país al buscar ser elegido miembro del Consejo de los Derechos Humanos, y ahora, la presente administración admitió que cumplir esas obligaciones es asunto prioritario.
Añadió que en México ha habido un "importante desarrollo institucional" para superar los retos en derechos humanos, y citó una lista de instituciones, oficinas, convenciones y tratados que serán apoyados, como la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.