Nueva escalada en la crisis política desatada por la convocatoria a una Asamblea Constituyente

Irrumpen 20 diputados destituidos en la sede del Congreso ecuatoriano

Correa pretende imponer un "sistema totalitario" como el de Chávez en Venezuela: oposición

AFP, DPA, REUTERS

Quito, 13 de marzo. Unos 20 de los 57 diputados destituidos la semana pasada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Ecuador ingresaron este martes a la sede del Congreso tras forcejear con la policía, mientras afuera del recinto se suscitaban enfrentamientos entre quienes apoyan la instalación de una Asamblea Constituyente y simpatizantes de los parlamentarios.

En una victoria para el presidente Rafael Correa, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso, alegando fallas legales, presentado por el Congreso para que calificara si la corte electoral tenía la facultad para destituir a sus miembros.

El detonante de la crisis fue la aprobación del TSE el pasado 1º de marzo de la convocatoria a una consulta popular el 15 de abril para dar paso a la Asamblea Constituyente con plenos poderes, inlcuida la posibilidad de revocar el mandato de los congresistas que se extiende hasta 2011, como lo defiende Correa.

El Congreso unicamaral, integrado por cien escaños, todos en manos de la oposición, reclamó que la iniciativa debió ser aprobada por esa instacia, y cinco días después destituyó al presidente de la corte electoral, Jorge Acosta y decidió enjuciarlo a él y a tres vocales del TSE.

La corte electoral destituyó un día después, el 7 de marzo, a los 57 legisladores que removieron a Acosta y ordenaron enjuiciar a los vocales.

A pesar del escalamiento del conflicto de poderes alrededor de la convocatoria a la Constituyente y del ingreso de la veintena de legisladores al Congreso, el líder parlamentario Jorge Cevallos dijo que no se logró el quórum para deliberar y aplazó la sesión para el próximo 20 de marzo.

Los congresistas, que consideran ilegal su destitución, irrumpieron en el Legislativo después de enfrentarse a empujones con uniformados que rodeaban el edificio para impedirles el acceso a una sesión convocada para tratar la crisis política. Dos legisladores resultaron lesionados.

El vicepresidente del Legislativo, Edison Chávez, con un parche en el ojo izquierdo, denunció haber sido golpeado por los uniformados, mientras que el diputado Hugo Romero sufrió un trauma en la columna vertebral, posiblemente por una caída en el confuso incidente.

Luego que la sesión no se instaló por falta de quórum, la mayoría parlamentaria de oposición se reunió en un hotel del norte de Quito, mientras que en las afueras un hombre hizo disparos que provocaron heridas a dos simpatizantes de los congresistas cesados.

La Secretaría de Comunicación indicó que el presidente izquierdista Rafael Correa "responsabiliza de posibles actos violentos a grupos opositores".

A su vez, una coalición de derecha que domina el Parlamento calificó a Correa de "dictador".

Unas 400 personas con banderas del Movimiento Popular Democrático (MPD, izquierda) -que apoya la Constituyente para que redacte una nueva Carta Política- y de Alianza País -que apoya a Correa- rodearon el Congreso y se enfrentaron con simpatizantes de los parlamentarios. La policía reportó varios detenidos.

El TC rechazó dar trámite por ahora a un pedido del Congreso para dirimir su pugna con la corte electoral por la destitución de 57 diputados, pero dijo que el Parlamento puede insistir si cumple con todos los requisitos de procedimiento en su solicitud.

La resolución fue anunciada por el presidente de la máxima corte del país andino, Santiago Velásquez, la cual parecía ahondar la crisis política por la que atraviesa el país, en lo que constituye la segunda negativa del constitucional al pedido del Congreso.

"Voy a tomar una decisión con mis asesores más tarde", señaló a su vez el líder parlamentario después de conocer la resolución del TC.

"Estamos en la búsqueda permanente de la tranquilidad", expresó Cevallos, quien se ha negado a tomar juramento a los suplentes de los diputados removidos, al justificar su decisión de suspender las sesiones para dar espacios a los distintos actores y así encontrar una solución "política".

El proceso para la instalación de la Constituyente a través de una consulta popular, fijada para el 15 de abril, fue avalado por el TSE, al responder a una petición del presidente Correa que busca sentar las bases para una profunda restructuración política, económica y social del país.

Aunque inicialmente el Congreso había aprobado la consulta, el problema surgió porque el TSE desechó el estatuto plebiscitario propuesto por el Legislativo y avaló el presentado por Correa, que permitiría la sustitución de los congresistas como resultado de la Asamblea Constituyente.

Correa, un economista de 43 años, reiteró que su "principal deber" es cumplir con el mandato popular y como "instrumento de cambio", y no tanto para mantenerse en el cargo por el periodo de cuatro años para el que fue elegido.

El gobernante, que tiene una popularidad de 71 por ciento cuando está a punto de cumplir dos meses de su llegada al poder, llamó el sábado a las organizaciones indígenas y populares a salir a las calles para defender la convocatoria de la Constituyente, aunque de manera pacífica.

En ese contexto, el mandatario insistió en su plan de que una Asamblea Constituyente con facultades omnímodas se instale para que transforme el marco institucional del Estado y redacte una nueva carta política.

Una democracia irreal

"En Ecuador se vive una democracia de plastilina, de ahí la importancia de cambiar las estructuras de poder que respeten el Estado de derecho", manifestó el gobernante, quien suele arremeter contra la vieja clase política y de poder.

La oposición sostiene que el propósito del presidente ecuatoriano es implantar el "modelo totalitario" del jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, su amigo y aliado, ya que también se ha sumado a su lineamiento de establecer una socialismo del siglo XXI.

El enfrentamiento institucional podría derivar incluso en un intento por derrocar a Correa, advirtió Pachakutik, brazo político de los indígenas que respaldan al Ejecutivo.