Editorial
Despenalizar el aborto
En un proceso legislativo ejemplar por plural, incluyente y abierto a la participación de la sociedad, se ha presentado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa de reformas legales para despenalizar el aborto si éste se realiza durante las primeras 14 semanas de gestación. En la elaboración de la propuesta se recabó la opinión de organizaciones sociales que trabajan en los ámbitos de género, integración familiar y salud, y derechos reproductivos. Las modificaciones planteadas incluyen, además, la formulación específica del derecho de las mujeres a controlar su fecundidad y la obligación de la autoridad local a promover políticas sociales y educativas sobre los derechos sexuales y reproductivos.
Más allá de posturas morales y de creencias religiosas, terrenos en los que sería imposible lograr un acuerdo que incluyera a todos los habitantes del Distrito Federal, es indudable que las condiciones de clandestinidad y descontrol en las que se realizan actualmente los abortos conforman un problema de salud pública que se traduce en cientos de muertes de mujeres en edad reproductiva: podrían ser mil al año en todo el país, y constituyen la tercera causa de fallecimientos maternos. Independientemente de lo que piensen los jerarcas católicos y los grupos de choque de la reacción, 17 por ciento de los embarazos en México terminan en abortos inducidos: entre 100 mil y 800 mil, de acuerdo con distintas fuentes. Ante este fenómeno, la adopción, que es la única alternativa que se les ocurre a los antiabortistas, es poco viable si se considera que las adopciones legales no llegan a mil al año en todo el país.
Frente a esta realidad, resulta impostergable, por elementales razones sociales y humanitarias, adecuar el marco legal para asegurar que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo lo hagan en condiciones adecuadas de profilaxis clínica y atención médica.
Era previsible, sin duda, la oposición a esta propuesta por parte de la jerarquía eclesiástica y de los grupúsculos que defienden el supuesto orden divino en el mundo. Menos lógico parece el rotundo alineamiento del partido que detenta el Ejecutivo Federal, Acción Nacional, en el bando de los antiabortistas. Con todo y la clara afiliación del panismo en las derechas y a veces en las ultraderechas, habría cabido esperar de ese instituto político una mínima mesura y algún atisbo de modernidad. En cuanto a la otra formación que se opone a la iniciativa comentada, el Verde Ecologista de México, de ella puede esperarse casi cualquier cosa.
Mucho tiempo y dinero ha invertido Acción Nacional para presentarse ante la ciudadanía como un partido que respeta los principios de laicidad de las instituciones y la separación entre la Iglesia y el Estado. Su alineamiento automático en la campaña contra la despenalización del aborto obliga a recordar, sin embargo, que se trata de una formación básicamente confesional, aunque a veces esa condición haya sido vergonzante.
El Distrito Federal merece un marco legal moderno en el que se plasmen las grandes consecuciones de la segunda mitad del siglo XX en materia de derechos personales, entre ellos los reproductivos y la potestad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. La oposición de los ámbitos cavernarios a la iniciativa podrá ser muy ruidosa, pero difícilmente logrará revertir el avance legislativo, social, de género y de sentido común que representa la despenalización del aborto. Por el contrario, en la medida en que se empeña en obstaculizar este logro, no hará más que aislarse y dar la espalda a la sociedad.