El organismo aplaude la actitud oficial y pide reformas constitucionales para unificar criterios

Persiste tortura en México, admite el gobierno federal ante la CIDH

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EMIR OLIVARES ALONSO

El gobierno de Felipe Calderón reconoció ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que la práctica de la tortura persiste en México, pese a los esfuerzos para la erradicación de ese delito considerado de lesa humanidad.

En el marco de la 127 sesión de ese organismo internacional, representantes del Estado mexicano -encabezados por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco-, y de organizaciones de la sociedad civil expusieron el tema de la tortura en el país.

En su turno, Omar García, representante de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció "que la práctica de la tortura sigue existiendo en nuestro país y, por supuesto, la PGR sigue combatiendo este grave flagelo. Si bien se han producido avances, estamos conscientes de que tenemos la obligación de redoblar los esfuerzos".

Ante estas afirmaciones, la organización hemisférica felicitó al Estado mexicano por reconocer que el fenómeno persiste, porque "dice mucho del compromiso del gobierno" para la prevención y eliminación de ese ilícito. Por ello, la CIDH solicitó que las autoridades nacionales le hagan llegar información sobre las políticas que se implementarán para la erradicación y prevención de la tortura, además de que se informe cómo se sancionará no sólo a los responsables materiales, sino intelectuales, en apego a los acuerdos internacionales para que esa práctica no quede impune.

El tema fue discutido el pasado martes en la sede del organismo internacional, en la capital estadunidense, durante un encuentro en que participaron, además de las autoridades mexicanas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción a los Derechos Humanos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la Universidad Iberoamericana. Dicha audiencia puede ser consultada en la página electrónica del organismo internacional.

La CIDH advirtió que la tortura es un tema "crucial y de estructural importancia" para la humanidad, por lo que los estados "son los principales obligados" para garantizar la protección de la vida digna, la integridad personal y libre de todo tipo de amenaza en materia de tortura.

Por ello exhortó al Estado mexicano a reformar la Constitución para unificar el tratamiento y la tipificación de la tortura conforme a los estándares internacionales; que se otorgue jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos; además, que se trabaje en al área de la prevención para la erradicación de ese delito de lesa humanidad.

El organismo señaló que dará seguimiento a los procesos de selección de personal policial, penitenciario y de cualquiera que por disposición de la ley tenga facultad para hacer uso de la fuerza y de las armas de fuego, además de que seguirá las reformas al sistema de justicia que el Presidente de la República envíe al Congreso.

Aplicación del Protocolo de Estambul

Omar García, de la PGR, aseguró que desde 2003, cuando la dependencia comenzó la aplicación del Protocolo de Estambul -mecanismo que proporciona pautas para hacer eficaz la investigación y documentación de casos de torturas y malos tratos-, a la fecha se han realizado 75 dictámenes, de los cuales en 25 casos se denunció a servidores de la dependencia; a 48 del fuero común, y a dos custodios de un centro federal de readaptación social.

Señaló que de estos datos se obtuvo que en 44 ocasiones no existieron lesiones en la detención previa, durante y después de la puesta a disposición ante las autoridades respectivas, ni se detectaron lesiones como medidas correctivas en personas sujetas a proceso, "lo que representa 58.7 por ciento de los 75 casos". En nueve ocasiones se encontró que hubo tortura y en 12 se determinó que hubo malos tratos físicos. En cinco de los nueve casos de tortura que están en trámite, tres fueron remitidos al fuero común por incompetencia y dos están consignados ante los jueces penales competentes.

Omar García subrayó que si bien en los códigos penales de las 32 entidades del país está tipificado el delito de tortura, "desafortunadamente no tenemos una unificación" en las leyes para armonizarlas con los acuerdos internacionales correspondientes, debido a que las sanciones al respecto varían de un estado a otro. Asimismo, reconoció que existe una laguna en la ley que tipifique el delito de malos tratos, aunque ese tipo de delitos se están investigando como lesiones.

Compromiso de la cancillería

Por su parte, Juan Manuel Gómez Robledo, de la cancillería, aseguró que existe "pleno compromiso" de la actual administración con el cumplimiento de los derechos humanos en el país, amén de que continuará la apertura al escrutinio internacional.

El funcionario expresó que en el marco de la Comisión de Política Gubernamental para los Derechos Humanos (en la que participan autoridades y organizaciones no gubernamentales) se enviarán dos iniciativas al Congreso de la Unión: una para modificar la ley sobre el debido proceso penal y otra para que se desarrolle una cooperación con el sistema interamericano de derechos humanos.

Señaló que entre 1994 y 2006, 74 personas han sido sentenciadas por el delito de tortura en 13 estados de la República. Contrario a ello, los representantes de la sociedad civil afirmaron que los sancionados por ese ilícito es un número menor al que aseguró el gobierno.

Guadalajara 2004 y Atenco 2006

Recordaron que en casos como el de Guadalajara, Jalisco, en 2004 (con la represión de altermundistas) y el de San Salvador Atenco, estado de México, en 2006 (con la arremetida contra militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra) diversos organismos tanto nacionales como internacionales acreditaron que las fuerzas policiacas cometieron tortura, hechos que a la fecha no han sido sancionados; e incluso en el primer caso el actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña desestimó y rechazó las recomendaciones al respecto, y en el caso de Atenco la Secretaría de Seguridad Pública federal también rechazó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los representantes civiles subrayaron que las leyes estatales no están armonizadas en cuanto a la prevención y sanción de la tortura. Explicaron que actualmente 23 regulaciones penales aún contemplan el elemento de gravedad en el daño o sufrimiento físico o síquico para determinar si se cometió tortura, mientras que seis no contemplan este elemento.

Por ello, propusieron 10 puntos para erradicar ese delito en el país, entre ellos: emprender una política criminal integral que se acerque a una justicia democrática y eficiente; que se dote a los jueces de poder real para su autonomía; que la prisión colectiva sea usada de manera racional, y que se garantice el principio de presunción de inocencia.

La CIDH aseguró que dará seguimiento a los compromisos que las autoridades del país establecieron durante la audiencia; e informó que en abril próximo una delegación de ese organismo visitará México para informarse de la situación de los derechos humanos.