El campo: cien días de resistencia
La mejor evaluación de los primeros cien días de política agropecuaria de Felipe Calderón son las numerosas movilizaciones emprendidas por organizaciones campesinas y ambientalistas. Desde principios de diciembre el accionar de los hombres y las mujeres del campo se ha dejado sentir fuerte en contra del proyecto rural calderonista.
En diciembre el combate fue en la Cámara de Diputados. Aunque luego lo haya presumido como la mayor cantidad de recursos jamás asignada al campo, el hecho es que la propuesta de Calderón para el Programa Especial Concurrente (PEC) de 157 mil millones de pesos resultaba menor en términos reales a los 154 mil ejercidos en 2006. Fueron el intenso cabildeo de las organizaciones rurales, los esfuerzos de legisladores y legisladoras identificados con ellas y el continuo recurso a la opinión pública lo que logró incrementar a 176 mil millones el PEC. Ahora Calderón presenta como un logro de su gobierno lo que en realidad es una conquista de la gente del campo.
Los transgénicos han sido otra de las arenas de la batalla. Desde la designación de Alberto Cárdenas Jiménez como titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), las organizaciones campesinas y ambientalistas hicieron ver la evidente simpatía del funcionario con las trasnacionales que promueven el cultivo de transgénicos. Han combatido para que no se acepte el cultivo experimental de maíz genéticamente modificado en Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, a pesar de la tolerancia gubernamental. Han exigido que se ponga fin a las importaciones de maíz estadunidense, transgénico en 52 por ciento. Y con Greenpeace a la cabeza han denunciado la negligencia del gobierno mexicano, a través de la Cofepris, para investigar, muestrear, informar a los consumidores y, eventualmente, detener la importación y consumo de arroz estadunidense contaminado con el transgénico LL601 de Bayer, no apto para la ingesta humana.
A partir de la Declaración del Zócalo, emitida al fragor de la gran movilización del 31 de enero, las organizaciones campesinas y sus aliadas han exigido un plan emergente para la producción de maíz y para construir la soberanía alimentaria de la nación. El gobierno federal sólo ha respondido con medidas aisladas y sin ningún compromiso eficaz. Para darse un poco de margen de maniobra, Calderón recicló la propuesta de las organizaciones campesinas, retomada por López Obrador en su campaña, de extender la vigencia del Procampo hasta 2012. Pero no ha retomado ninguna de las propuestas, todas ellas viables, para reactivar desde ya la producción de maíz, con base en los pequeños y medianos productores, a pesar de que en el PEC se ubicaron recursos de más de cinco mil millones de pesos para ello. Por otro lado, no ha habido ningún compromiso en la renegociación del TLCAN para excluir el maíz y el frijol del mismo, aunque se puede considerar como un logro secundario que México se haya sumado a la disputa de Canadá ante la OMC para que Estados Unidos reduzca sus subsidios agrícolas.
Ante la Sedeso diversas organizaciones campesinas se han manifestado con sus demandas incumplidas. Denuncian el modelo económico excluyente del campo y demandan trato igualitario para sus representados en programas como el del adulto mayor y el de vivienda rural.
El gobierno calderonista, junto con el PAN, intenta hacer un contrapeso a la imparable movilización campesina. Está promoviendo en diversos estados la formación de su propia organización rural: Plantar. Concurren a formarla funcionarios públicos del más alto nivel, incluidos subsecretarios de Sagarpa, diputados, presidentes municipales. Pretenden con ella imitar lo que tanto le criticaron al priato: corporativizar a los actores rurales para entregar los apoyos al campo a través de esta organización y volver azul el voto verde.
Y, por si la mano izquierda no funciona, tienen siempre lista la derecha: se están activando o reactivando las demandas penales contra activistas campesinos que han dirigido o participado en acciones de protesta: es el caso del arresto contra Jesús Emiliano García, dirigente del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, y de las órdenes de aprehensión contra otros cuatro líderes de esta organización. Los acusan de "sabotaje" por haberse manifestado ante la delegación de la Sagarpa en Chihuahua para urgir la puesta en marcha del programa emergente para la producción de maíz y frijol.
Cien días de simulaciones, de connivencias con las trasnacionales, de amenazas, de represión, ese es el balance del calderonismo en el campo. Si en ese espacio hay alguna esperanza es porque las organizaciones campesinas siguen resistiendo.