La iniciativa aceleraría la resolución de la ley Televisa, señala García Cervantes
Propone el PAN que la Corte resuelva casos de controversia en seis meses
"Justicia diferida será siempre justicia denegada", argumenta el senador del blanquiazul
El senador del PAN Ricardo García Cervantes impulsa una reforma a la Constitución que pretende fijar un plazo de seis meses a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva en definitiva las controversias y acciones de inconstitucionalidad que recibe, lo que evitaría retrasos en las sentencias, como ocurre con el recurso presentado contra la ley Televisa, de la cual no existe resolución pese a que el máximo tribunal conoció el caso hace 10 meses.
El legislador recalcó que su objetivo es dotar a la Corte de normas constitucionales y legales que le permitan resolver de manera pronta y expedita los juicios que se le presentan, porque de lo contrario la justicia no se aplica de manera eficaz. "Justicia diferida es justicia denegada", señaló el legislador del blanquiazul, citando el conocido apotegma jurídico.
García Cervantes recordó algunos casos en que la SCJN ha tardado mucho en emitir sus fallos. Entre otros, la controversia constitucional que promovió el entonces presidente Vicente Fox contra el presupuesto de egresos de la Federación modificado por la Cámara de Diputados en 2005. En este caso, dijo, tuvieron que pasar dos años para que los ministros emitieran una resolución, pese a la importancia del asunto.
Otro ejemplo de un juicio de inconstitucionalidad en que la Corte retrasó por más de dos años su fallo es el recurso promovido por diputados contra la mayoría de artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos, Apuestas y Sorteos.
Largo tiempo de espera
Sin embargo, el caso más reciente de estos retrasos en la impartición de la justicia es la acción de inconstitucionalidad que un grupo de 40 senadores de todas las fuerzas políticas presentó el 4 de mayo de 2006 contra las reformas a las leyes Federal de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, iniciativa mejor conocida como ley Televisa.
"Han transcurrido 10 meses y el pleno de la Corte no ha emitido sentencia. Por eso considero que la iniciativa de reformas al artículo 105 constitucional es un hecho que nos involucra a todos los legisladores", señaló García Cervantes.
Explicó que los senadores de la pasada legislatura se acogieron a la reforma de 1994 de ese mismo artículo, lo que permitió que 33 por ciento de los integrantes de ambas cámaras pudiera iniciar juicios de inconstitucionalidad contra leyes supuestamente irregulares, pero aprobadas por la mayoría.
García Cervantes destacó que la tardanza en la resolución impide resolver ese conflicto (la ley Televisa), surgido entre senadores de la pasada legislatura. Por ello, la iniciativa propone fijar seis meses de plazo a la SCJN para que resuelva en definitiva las controversias y acciones de inconstitucionalidad que le sean turnadas.
Explicó que se trata de un plazo "razonable", ya que la Corte sesiona en dos periodos al año mayores a seis meses.
Sostuvo que el plazo establecido no afectará las etapas procesales, pues desde que se da entrada a la demanda hasta el cierre de la instrucción transcurren, en teoría 80 días hábiles, es decir, cuatro meses, por lo que el límite propuesto no presionará a los ministros para emitir su sentencia y, en cambio, salvaguardará el derecho de las minorías parlamentarias a contar con una sentencia en medio año como máximo.