Dos expedientes del IPAB lo demuestran: diputados
Más pruebas de ilícitos de los Bribiesca Sahagún
La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga a la empresa Construcciones Prácticas posee dos nuevos expedientes del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en los que se involucra a Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijos de la esposa de Vicente Fox Quesada, en la obtención de beneficios ilegales durante el proceso de compra de cartera y activos incluidos en el rescate bancario, informó el partido Convergencia.
Alejandro Chanona, coordinador del grupo parlamentario de ese partido en San Lázaro, su compañero Alberto Esteva Salinas y Jesús González Schmal revelaron a este diario que los familiares de Marta Sahagún Jiménez se beneficiaron de la valuación de paquetes de casas y activos que fueron rescatados con recursos del erario, y posteriormente, en subastas que se caracterizaron por la opacidad, los funcionarios del IPAB predeterminaron que Manuel y Jorge Alberto Bribiesca resultaran ganadores.
A unos días de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados otorgue la presidencia de la comisión especial a Convergencia, con el propósito de dar continuidad a la investigación que encabezó Jesús González Schmal en la pasada legislatura, se reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene elementos que corroboran la responsabilidad de los hijastros de Vicente Fox.
"Todo eso está en manos de la PGR. Hay nuevas aportaciones, pruebas supervenientes incluidas en dos paquetes más del IPAB, que también fueron transferidas a través del mismo mecanismo de valuar los activos y someterlos a subasta con la predeterminación de quién iba a ser el ganador. En dichos paquetes se establece la intervención de la misma empresa intermediaria, que es Administradora de Activos El Fénix", refirió González Schmal.
Esa intermediaria es la que dictaminó la quiebra de Bancrecer y determinó cuáles activos de ese banco iban a ser trasladados al IPAB, a título gratuito, así como cuáles eran susceptibles "de una determinada recuperación económica.
"Entre los bienes gratuitos que se trasladaron al IPAB está el edificio que ahora ocupa el instituto. Además, gran parte de éstos fueron subastados a precios irrisorios, lo cual quiere decir que el mecanismo fue restarles valor al momento de transferirlos al IPAB. Después de atribuirles un precio mínimo, muy distante al real, los remataron argumentando que se les daba más valor al estimado en el avalúo de El Fénix. En el caso de este paquete, en el que hallamos un cheque de Jorge Alberto Bribiesca, tenía un valor en libros de mil 250 millones de pesos y se subastó en 8 millones 250 mil. El costo que fijó El Fénix fue de 6 millones 200 mil pesos", recordó González Schmal.
-Ante las evidencias, ¿cómo deberá responder la nueva administración federal?
-Pienso que va a tener que calcular el costo político, porque si oculta información, como hizo Vicente Fox, va a haber elementos en la Cámara de Diputados para hacer una denuncia política y va a tener un precio para el Ejecutivo federal. Felipe Calderón tendrá que medir esos efectos, y espero que el respaldo popular a la comisión especial sea importante para que el gobierno tenga que otorgar la información.
Alberto Esteva recordó que hay un antecedente que causa preocupación, porque "recién se inició la administración federal actual, Germán Martínez, titular de la Secretaría de la Función Pública, anunció que el tema de los hijos de Marta Sahagún estaba concluido, y que como titular de la dependencia él no tenía por qué continuar ese asunto, pues ya estaba terminado. Hoy se está demostrado con estas pruebas que no es un asunto finalizado, sino el comienzo de una serie de acciones que se tienen que realizar para evitar la impunidad. Desde luego, que el gobierno federal, empezando por el Presidente, entienda que no debe encubrir ni pagar facturas de esa naturaleza, porque se lastima al pueblo de México".
Para Alejandro Chanona, el caso de los Bribiesca Sahagún es la punta del iceberg del sistema de seguridad y justicia en México, porque las instituciones que administran y procuran la justicia en el país son débiles y cómplices.
"Es un reclamo de la sociedad. Se debe reconocer la justicia que encierra el lanzamiento de esta comisión y dejarla hacer su trabajo, pero si no tienen voluntad para hacerlo la van a entorpecer con resistencias y obstáculos. Si la quieren matar, van a meter a un grupo de legisladores que obstaculicen el trabajo. Eso ya es violar su mandato de representantes populares. Ojalá no caigamos en eso y podamos ver un ánimo distinto al que ahora tenemos."
Al preguntarle sobre los obstáculos que el régimen impuso a la comisión, González Schmal respondió: "hay una prueba en curso. Los Bribiesca perdieron el amparo en primera instancia y en revisión, cuando impugnaron a la Cámara su capacidad y facultades para hacer la investigación; no obstante, interpusieron un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia y ésta, en mi opinión, absurdamente lo admitió, aún lo está revisando, y lo asignó nada menos que al ministro Sergio Aguirre Anguiano, quien es del PAN. Ahí encontramos una señal peligrosa de que quieren pasar sobre dos resoluciones del Poder Judicial federal, de un juez de distrito y un órgano de revisión colegial, que son los magistrados de circuito. Ahí están tramando algo. No sabemos qué, pero debemos decirlo".
-¿Convergencia tiene la certeza de que encabezará la comisión especial?
-Creo que no debemos entrar en un triángulo de las Bermudas. Hay un planteamiento firme de que nosotros debemos presidirla por derecho propio. No esperamos que haya un esquema de negociación fuera de la Junta de Coordinación Política, por decir algo PRI-PAN-PRD, y que los tres puedan decir es para Convergencia. Yo voy a levantar la mano como integrante de la junta, esté bien o no, para que los ocho coordinadores logremos el consenso -respondió Chanona.