Afirman PRD, PRI y PT que analizarán con cuidado la propuesta de Calderón
No permitiremos un Estado policiaco: legisladores
Legisladores y dirigentes de PRD, PRI y PT advirtieron que analizarán con todo detenimiento las reformas en materia de justicia y seguridad pública que Felipe Calderón envió al Congreso, ya que si bien están conscientes de la urgencia de mejorar el marco jurídico para el combate a la delincuencia organizada, no pueden avalar que se vulneren los derechos humanos con el espionaje telefónico, los cateos y allanamientos sin orden judicial.
En entrevistas por separado, los senadores perredistas René Arce y Ricardo Monreal señalaron que no deben permitir que el Estado mexicano se convierta en un ente policiaco, por lo que van a solicitar que su bancada estudie a fondo las reformas; de entrada, descartaron que se apruebe la propuesta de Calderón para que se intervengan conversaciones telefónicas privadas o se lleven a cabo cateos y allanamientos de domicilio sin orden de un juez.
Aunque se asegure que esas medidas se aplicarían sólo en el caso de la delincuencia organizada, el riesgo es que se generalicen y deriven en violaciones sistemáticas a las garantías individuales, agregó Arce, quien es secretario de la Comisión de Seguridad Pública del Senado.
A su vez, Monreal adelantó que propondrá que expertos en la materia analicen la iniciativa junto con los integrantes de las comisiones dictaminadoras, para dejar en claro su alcance y repercusiones. A su juicio, no deben aprobarse medidas que puedan violentar derechos humanos, menos cuando la Procuraduría General de la República (PGR) no es autónoma, sino que depende del Ejecutivo federal.
Qué garantiza -preguntó- que no se utilice la dependencia con fines de persecución política, como en el caso del desafuero a Andrés Manuel López Obrador. En la fracción del PRD se tendrá que valorar el riesgo de regresar a décadas pasadas, cuando se espiaban las conversaciones de los opositores o adversarios políticos, para amedrentarlos o presionarlos.
"Hay que dar todo el apoyo jurídico para el combate al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico, pero sin vulnerar los derechos humanos. No queremos que se llegue a un Estado policiaco", recalcó Arce Islas.
Por su lado, el petista Alberto Anaya calificó la iniciativa como preocupante y riesgosa, pues se puede convertir en el instrumento ideal para reprimir a la usanza nazi, como hizo la Gestapo en el pasado. Estamos en contra de aquello que implique echar las garantías constitucionales por la borda, pero valoraremos los aspectos positivos que la iniciativa pueda tener, subrayó.
Nosotros estamos en favor de que se combata el narcotráfico, pero se debe empezar por el mismo gobierno, pues sus funcionarios son los que están asociados a las bandas criminales y los que les dan cobertura en muchos municipios del país. A manera de ejemplo, refirió que en Durango, al empezar el operativo contra el tráfico de estupefacientes, el primero en ser detenido fue el subprocurador, por estar relacionado con las mafias.
En tanto, Ricardo Cantú, coordinador de los diputados federales del PT, señaló que los problemas de inseguridad y delincuencia no se resuelven con leyes más duras o que violenten los derechos humanos de los ciudadanos.
La mejor manera para propiciar el avance en el combate a la delincuencia es haciendo más eficiente a las policías en su trabajo de investigación, limpiándolas de la corrupción y sentando las bases para que la sociedad cada vez sea menos desigual. El desempleo y la pobreza propician la inseguridad, subrayó.
Mientras, Carlos Flores Rico, presidente de la Comisión de Imagen y Comunicación del Consejo Político Nacional del PRI, dijo que en ningún país la intervención de las comunicaciones privadas o la acción confiscatoria del Estado han sido métodos eficaces para el combate real al crimen organizado.
Agregó que la iniciativa presentada el viernes por Calderón tendrá buen impacto propagandístico, pero sin resultados concretos. "Estamos ante un plan burdo, poco inteligente y riesgoso para la libertad de los ciudadanos que no tenemos que ver con la delincuencia organizada", subrayó.