Se daría al Estado poder inaudito para combatir el crimen... y otras cosas, advierte Carrancá
Aberración jurídica, iniciativas del Ejecutivo sobre justicia: expertos
Por presiones de EU se pretende dejar los derechos humanos en el bote de basura, dice
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Agentes de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal Preventiva y la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco realizaron ayer un operativo conjunto en la zona metropolitana de Guadalajara, en el contexto del combate al crimen organizado
Foto: Arturo Campos Cedillo
Investigadores y especialistas en derecho constitucional advirtieron que de aprobarse las iniciativas sobre seguridad y justicia penal enviadas al Congreso por el presidente Felipe Calderón, para autorizar juicios sumarios, allanamientos, cateos, intervenciones telefónicas, e incluso arraigos, sin la autorización previa de un juez, desaparecería el estado de derecho. "Cualquier ciudadano podría ser acusado de algún delito, sin mayor prueba, al prevalecer la indefensión"; aseguran que estas propuestas obedecen a presiones de Estados Unidos.
Afirman que las iniciativas de reforma legislativa son "una aberración jurídica", porque se pretende actuar en contra de las garantías individuales al imponer el pragmatismo legal que aplican Estados Unidos y Colombia, el cual en los hechos ha demostrado su ineficiencia.
"Error de forma y fondo"
El constitucionalista Raúl Carrancá afirma que las propuestas federales son un "gravísimo error de forma y fondo", que otorgarían al Estado "un poder inaudito", que utilizaría para combatir la delincuencia, pero también para otras cosas, y "eso está demostradísimo, aunque pregonen y griten que no".
Se trata, argumenta, de una política equivocada que obedece a presiones de Estados Unidos para "soltar inversiones y apoyos económicos. Saco estas conclusiones porque los ministros de la Suprema Corte se han atrevido a decir que la cadena perpetua no es inconstitucional".
Con la integración de un código penal único y el otorgamiento de mayores poderes al Ministerio Público (MP), como demanda Calderón Hinojosa, los derechos humanos quedarían "en el bote de basura", destaca el jurista, para quien la cadena perpetua, entre otras medidas anunciadas, podría resolver por unos meses el problema de la delincuencia que enfrenta el Estado, "pero a la larga no ataca el problema de fondo".
En tanto, el doctor en derecho Clemente Valdés considera que se trata de "una peligrosa reforma, toda vez que hay medidas que ponen en riesgo garantías fundamentales, y podrían cometer atrocidades".
Elisur Arteaga Nava, constitucionalista e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirma que la iniciativa es "inconstitucional"; no se pueden ejecutar de forma unilateral acciones orientadas a la aplicación de la justicia sin consultar a la sociedad y alcanzar consenso, advierte.
"Cualquier reforma a la Constitución para permitir la aplicación de estas medidas significaría que, "con el pretexto del combate al narcotráfico, se fortalecerían las atribuciones de la Procuraduría General de la República, pero al mismo tiempo se acabaría con el estado de derecho y el respeto a la ley, pues con esas atribuciones no sólo se violan las garantías fundamentales, sino que estaríamos en peligro de ser acusados de cualquier delito", dijo.
Al respecto, Agustín Pérez Carrillo, profesor-investigador de la UAM-Azcapotzalco y especialista en derechos humanos y delitos políticos, señala que ante la "falta de legitimidad" del gobierno calderonista, es evidente que "de lo único que pueden agarrarse es de la fuerza pública y de la acotación de derechos para intentar legitimarse ante la sociedad, con una administración que en apariencia ejerce la mano dura, pero que en los hechos sólo es simulación".
La iniciativa presentada por Calderón -indicó- en realidad "recoge viejas propuestas que se han presentado sin mucho éxito ante el Congreso, como ocurrió con el ex presidente Vicente Fox, y que retoman de fondo las recomendaciones del ex alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani, y su famosa tolerancia cero, con la que tampoco se logró el combate efectivo contra la delincuencia".
Asegura que es evidente que de aprobarse una iniciativa que pretende mantener en estado de "indefensión" a los ciudadanos, sería "totalmente violatoria de los derechos humanos, no sólo porque afecta a la población de forma directa, sino porque en realidad se deja intacta la corrupción de las instituciones, que es lo que en el fondo obstruye la aplicación de la justicia".
Pedro Isnardo, especialista en temas de seguridad nacional, refirió que con las medidas anunciadas lo único que queda claro es que a 100 días de gobierno, el mandatario aún está buscando construir una credibilidad política y social de su administración, con temas sensibles para los mexicanos y estrategias con un futuro poco promisorio.
Estas estrategias "no cuentan con la adhesión integral de todos los poderes, porque les falta pasar por el consenso del Legislativo y de los mandatarios, quienes no tienen claro si la iniciativa va al fondo contra aquellos gobernantes y representantes que tengan algún tipo de vínculo con el crimen organizado".