Violencia contra las mujeres y las niñas
El jueves se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Con tal motivo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó a poner fin este año a la violencia contra las mujeres y las niñas, definida correctamente como el crimen más común pero menos castigado del mundo.
Con base en el análisis de 35 conflictos actuales, una docena de agencias de la ONU denunciaron ese mismo día en Ginebra que la violación y otros abusos a mujeres y niñas se ha convertido en una nueva arma bélica. Ya se tenía conocimiento de que es parte de las estrategias de contrainsurgencia, para asegurar la arbitrariedad e infundir temor y terror entre la población. El caso de la indígena nahua Ernestina Ascencio Rosario, violada y asesinada presuntamente por militares en Tetlalzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, el 25 de febrero pasado, ilustra dramáticamente que en México la violencia contra la mujer persiste en grado alarmante, a pesar de los adelantos normativos y de que aparentemente no nos encontramos sumidos en ningún conflicto bélico con nuestras comunidades indígenas. ¿O sí?
Sería imperdonable que el Estado mexicano en su conjunto no cumpla ahora con sus obligaciones internacionales de someter a la justicia civil el esclarecimiento pronto y expedito de tan abominables crímenes, sancionando con todo el rigor de la ley a sus responsables. Sería imperdonable que nuestras fuerzas armadas no dieran prueba de sujetarse al estado de derecho, como reiteradamente lo afirman, renunciando por fin a su indebida pretensión de seguir expandiendo su fuero a delitos comunes cometidos por sus miembros contra civiles, "en actos de servicio", que jamás los justifican.
Más allá de que sus elementos, después de las averiguaciones exhaustivas respectivas, resulten o no en esta ocasión responsables, las violaciones de mujeres por miembros del Ejército no son una novedad en México, y de ninguna manera puede permitirse que nuestra institución castrense goce permanentemente de un régimen de excepción que la mantenga al margen de la ley, atemorizando y dejando inermes a los ciudadanos frente a ella.
En otro orden de ideas, la abogada Louise Arbour, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó también hace dos días que un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud demostró que en la mayoría de los 75 países encuestados sobre la violencia en contra de las mujeres y las niñas, de 23 a 49 por ciento de las mujeres han sufrido violencia a manos de su pareja. Afirmó igualmente que la UNICEF reporta que 130 millones de mujeres y niñas han sido víctimas de mutilación genital, y que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, 5 mil mujeres mueren diariamente en "crímenes de honor" perpetrados por miembros de su familia. Se estima además, añadió, que menos de cinco por ciento de los casos de ultraje y violación llegan a una condena, principalmente porque en la mayoría de los casos se pone énfasis en la conducta de la mujer y no, como por principio debiera ser, en la actuación del violador.
Lo más paradójico, dice también la abogada Louise Arbour, es que la mayoría de los estados en el mundo han aceptado el marco normativo encaminado a prevenir y castigar la discriminación y la violencia contra la mujer, y han reconocido que la igualdad de las mujeres es un derecho humano que las capacita y les permite asumir un papel activo como sujetos de derecho, en lugar de ser beneficiarias pasivas de políticas arbitrarias.
Por lo que se refiere a nuestro país, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer reveló igualmente, el pasado jueves, que dos de cada tres mexicanas ha sufrido alguna vez en su vida violencia con su pareja, y que una de cada cinco mexicanas sufre violencia de su pareja actual. Ello a pesar de la promulgación el 2 de agosto del año pasado de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de la promulgación, el primero de febrero de este año, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo que indica que es insuficiente contar con nuevas leyes, llenas de buenas intenciones, si no se especifica con claridad cómo tendrán que atenderse las necesidades de las mujeres, y con qué mecanismos concretos deberá enfrentarse la cultura machista y misógina actual. Es preciso, entre otras cosas, establecer programas de educación en escuelas y otros sitios, con el propósito de prevenir que los niños y adolescentes internalicen modelos de género y comportamiento violento, y urge que los medios masivos de comunicación dejen de presentar a la mujer como un objeto lascivo y, por el contrario, diseminen información sobre los derechos de las mujeres, así como sobre las leyes y políticas nacionales que castigan a los perpetradores de la violencia en su contra.