Deroga varios artículos del Código Penal y transfiere esos delitos al ámbito civil
Despenaliza el Senado calumnia y difamación
Por unanimidad, y sin debate, la Cámara de Senadores aprobó ayer las reformas que despenalizan la calumnia y la difamación, y transfirió esos delitos al Código Civil Federal (CCF), de tal manera que a partir de que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación ningún periodista o comunicador podrá ser procesado penalmente por difundir su información u opiniones.
Con la aprobación de la minuta enviada por la Cámara de Diputados el año pasado se derogan los artículos del 350 al 363 del Código Penal Federal (CPF), y se adicionan los artículos 1916 y 1916-bis al CCF, que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y con ello "se estará adecuando la legislación nacional con la internacional, y se estará dando cumplimiento a los compromisos contraídos en esa materia".
Entre las consideraciones para derogar esas disposiciones, los senadores señalaron que deben ser los jueces de lo civil quienes resuelvan si las personas, periodistas y comunicadores actúan dentro o fuera de la ley al difundir su información u opiniones, eliminando la pena de prisión para quien abuse de la libertad de expresión.
Apuntaron que con esta disposición se pretende dejar claro que "no se debe restringir o inhibir la libertad de expresión por medio de la legislación penal", pero correlativamente se propone la adición a diversos preceptos del CCF con el propósito de establecer la vía civil, mediante la reparación del daño moral, para aquellos casos en que existan excesos en el ejercicio de esa libertad.
Además, se prevé la reparación del daño moral correspondiente, la obligación de rectificar o dar respuesta a la información difundida en el mismo medio donde fue publicada, con similar espacio e igual circulación y audiencia.
En la minuta aprobada se destaca que en esa reforma existe la tutela de dos principios jurídicos relevantes: el derecho a la libre expresión y el derecho a la privacidad, al honor y a la buena reputación.
Entre las consideraciones, se apunta que la Procuraduría General de la República (PGR) sugirió apoyar las propuestas de derogación referidas, dado que "en las sociedades democráticas, el Estado no debe emplear necesariamente el sistema penal para restringir o inhibir la libertad de expresión y la crítica al ejercicio del poder, sin que esto signifique dejar sin protección el honor, la reputación y la vida privada de las personas, mediante de acciones civiles que las protejan".
En el CCF, entre otras adiciones al artículo 1916, se destaca que "la reproducción fiel de la información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha información, siempre y cuando cite la fuente de donde se obtuvo".
Las reformas fueron impulsadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el incremento de quejas de reporteros que eran citados a declarar por la PGR con el único fin de que "revelaran sus fuentes de información".
La CNDH presentó una propuesta para despenalizar esos delitos a partir de una queja presentada por reporteros de La Jornada que fueron citados en varias ocasiones por la PGR con la intención de que revelaran sus fuentes.