Los operativos policiacos, convertidos en "castigo ejemplar" para la población, afirma

Con la represión en Oaxaca se buscó frenar la movilización social en el país: CCIODH

Señala que las autoridades provocaron la confrontación entre los habitantes de la entidad

EMIR OLIVARES ALONSO

Las acciones "de represión indiscriminada" desplegadas por las autoridades federal y estatales en Oaxaca resultaron "deliberadamente aterrorizantes y desproporcionadas", y su objetivo fue constituirse como tácticas "ejemplarizantes" que queden en la memoria de la población civil durante años para provocar miedo y evitar que la movilización social continúe, establece el informe final de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) sobre el conflicto en la entidad.

El documento subraya que los operativos implementados por los gobernantes no tenían como objetivo restablecer el orden en el estado, sino "ir mucho más allá y buscar una forma de paralización e inmovilización social; romper el tejido ciudadano, y fomentar el enfrentamiento y la desconfianza entre sectores de la población".

Al hacer un balance cualitativo de los hechos en esa entidad, el organismo internacional afirma que las tácticas de represión empleadas por el gobierno dejaron "secuelas significativas" a escalas individual, familiar y sicosocial en la población oaxaqueña.

"Los hechos ocurridos en Oaxaca desde junio de 2006 son un eslabón más de una estrategia jurídica, policiaca y militar que incorpora componentes sicosociales y comunitarios, cuyo objetivo es lograr el control, amedrentamiento y desmovilización social de la población civil".

Agrega que las medidas contra los oaxaqueños inhibieron la participación social, generaron sentimientos de desconfianza entre los participantes en el movimiento, llevaron a un aislamiento y a una "privatización del daño" a los afectados, y minaron la posibilidad de solidaridad entre vecinos.

El balance de la situación de las garantías fundamentales en Oaxaca advierte que los operativos empleados por los gobiernos federal y del estado muestran un "paralelismo" con los realizados contra otras movilizaciones sociales, como en San Salvador Atenco.

"Tácticas militares"

Agrega que dichas acciones se componen de "operativos desmesurados con estructura, tácticas y operatividad militares contra la población; detenciones masivas; procesos penales selectivos; desmovilización social; ruptura de la confianza; difusión del miedo, con efecto 'ejemplarizante' de carácter simbólico; estrategia de comunicación mediática; acciones de inteligencia, y ruptura económica".

La CCIODH -conformada en su mayoría por activistas europeos- indica que al aplicar estas medidas "intimidatorias", el gobierno ocasiona que las reivindicaciones sociales que provocaron el movimiento se diluyan, pues la principal exigencia tras las acciones gubernamentales es ahora la liberación de los presos.

En cuanto a los efectos causados directamente a las personas, la investigación realizada entre diciembre y enero pasados por la CCIODH afirma que se provocó incertidumbre e inseguridad; desorientación; confusión; claustrofobia; incredulidad ante los hechos, incapacidad para darles lógica y reaccionar ante éstos; sensación de desbordamiento físico y sicológico; vulnerabilidad; estado de alerta permanente; sentimientos de culpa al no poder cuidar a familiares o no saber de ellos; indignación y rabia contenida; tendencia al aislamiento e incomunicación, y miedo ante estímulos menores.

Asimismo, añade que las detenciones, traslados, torturas y reclusión provocaron efectos de ansiedad, insomnio, sensación de bloqueo, hiperactivación constante, miedo y rememoraciones traumáticas.

Agrega el informe que también se causó la desintegración familiar, ruptura económica, que las mujeres se transformaran en el único sostén de sus hogares, incertidumbre ante el desconocimiento de lo que había pasado con algún pariente, y amenazas cuando intentaban saber de su paradero.

"En Oaxaca, como ocurrió en San Salvador Atenco, aparecen familias monoparentales, ruptura económica, pérdida del trabajo, niños que han tenido que ir a vivir con los abuelos, disgregación y enfrentamientos dentro del hogar por diferencias ideológicas".

Sobre los efectos sicosociales colectivos, la investigación de la CCIODH afirma que tras las acciones de los gobiernos "se observa cómo en la ciudad, colonias, municipios y comunidades se vive un clima de miedo y desconfianza entre los vecinos. Aparecen hechos de confrontación y división en ámbitos familiares, de trabajo y sociales, lo que ha fomentado la división y la desconfianza, llegando a extremos de alta violencia y odio".

Sobre por qué no se acude ante las instancias de procuración de justicia para denunciar los hechos contra la población, destaca la desconfianza hacia el sistema judicial, la creencia compartida de impunidad, la ausencia de traductores en la mayoría de las instancias correspondientes, miedo a represalias y amenazas por parte de los victimarios, alto costo económico y la obligatoriedad de la propia víctima para aportar las pruebas del delito en su contra, lo que "ante la magnitud de los hechos recogidos por este informe debería ser el Ministerio Público quien investigara las acusaciones y denuncias".