Advierte que el INM aplica proyecto de normas que no ha sido aprobado y es injusto

En las estaciones migratorias se vive bajo un régimen de excepción: Sin Fronteras

JOSE ANTONIO ROMAN

A pesar de que el proyecto de normas para las estaciones migratorias de la Secretaría de Gobernación no ha sido aprobado, desde hace varios meses el Instituto Nacional de Migración (INM) ha estado aplicando varias de estas disposiciones, que violan abiertamente los derechos humanos de la población migrante que se encuentra detenida.

La organización Sin Fronteras, que desde hace más de 10 años trabaja en la promoción y defensa de las garantías individuales de la población migrante en México y Estados Unidos, denunció también que el proyecto de normas establece criterios muy amplios de discrecionalidad que violan los derechos a la seguridad jurídica, debido proceso legal, acceso a la justicia y especialmente de defensa.

Además, menciona que el ingreso de representantes legales, consulados o embajadas no puede ser condicionado a horarios prestablecidos ni tampoco depender de la autorización discrecional del jefe de la estación migratoria. Se trata, asegura, del ejercicio de derechos fundamentales de las personas, que el Estado mexicano está comprometido y obligado a garantizar.

Al emitir una serie de comentarios sobre el proyecto, la organización Sin Fronteras advierte que las normas ponen en mayor riesgo y vulnerabilidad a personas detenidas que requieren protección especial, como son aquellas con enfermedades graves, niños, niñas y adolescentes no acompañados, mujeres embarazadas y solicitantes de asilo, entre otras.

Aunque reconoce que este proyecto todavía está en estudio, denuncia que en la estación migratoria del Distrito Federal diversas disposiciones contenidas en el documento ya se aplican desde hace varios meses por la Coordinación de Control y Verificación del INM.

"En la práctica, los integrantes de Sin Fronteras en diversas ocasiones hemos sido objeto de restricciones para ingresar a las estaciones migratorias con motivo de la defensa y el monitoreo de las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas", señala la organización.

De esta manera, parecería que se intenta aislar a los migrantes detenidos, y privarles del derecho de acceder a la justicia mediante la protección consular, consagrada en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y del derecho a la defensa consagrado en la Constitución, así como de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte.

"Con la propuesta de dichas normas, las estaciones migratorias del INM se convierten en centros de detención regulados bajo un régimen de excepción, donde los ahí recluidos, quienes sólo han infringido disposiciones administrativas y se encuentran resguardados en lo que se resuelve su caso, tienen menos acceso a sus derechos inalienables que personas sentenciadas y presas inclusive en cárceles de alta seguridad."

En su análisis del proyecto, Sin Fronteras concluye que la sola propuesta de dichas normas es una "franca incongruencia" con la labor de promoción de los derechos humanos de los migrantes realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la voluntad expresada por los poderes Ejecutivo y Legislativo al ratificar la Convención para la Protección de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares.

Esta es una contradicción grave que se presenta al mismo tiempo que una serie de acciones del gobierno de México en favor de sus migrantes mexicanos en el exterior para garantizar que no sean discriminados y tengan acceso a la justicia.

El organismo expresa una gran preocupación por las declaraciones de la comisionada del INM, Cecilia Romero, especialmente cuando justifica las restricciones al ingreso a las estaciones migratorias en detrimento de los derechos que tiene toda persona privada de la libertad y que nuestro propio orden jurídico garantiza.