Editorial

El Estado mexicano, incapaz de detener la migración a EU

De acuerdo con un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), durante el sexenio pasado 3.4 millones de mexicanos migraron a Estados Unidos, cifra que contrasta con los datos oficiales, que se quedan cortos.

Es claro: una nación que no proporciona trabajo a sus ciudadanos está condenada a mirar, impotente, cómo pierde a lo mejor de su gente, que emigra en busca de mejores oportunidades de vida. En una conferencia sobre migración y desarrollo realizada a mediados de febrero pasado, Héctor Rangel Domene, presidente del consejo de administración del Grupo Financiero BBVA Bancomer, reconoció que "en México hemos sido incapaces de crear el número de empleos necesarios para retener a nuestra población". Y es que, como se reconoció en dicho foro, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos no disminuye, sino todo lo contrario, pues la demanda laboral en aquel país por empleo menos calificado permanece alta, así como la diferencia entre ingresos pagados en ambas naciones.

Pero este fenómeno presenta expresiones dramáticas que van más allá de los números. Si resulta lamentable perder -por incapacidad para crear plazas laborales- a millones de trabajadores -que hacen falta en el maltrecho campo mexicano-, aún más triste es el panorama en las zonas de mayor migración.

Una de las consecuencias más graves de este fenómeno es la desintegración familiar. Jorge Bustamante, relator especial de la Organización de Naciones Unidas para Derechos de Migrantes, señaló recientemente que "el aumento en años recientes del flujo migratorio hacia Estados Unidos, sobre todo de niños y mujeres mexicanos, ha contribuido a profundizar la desintegración de las familias, que quedan divididas debido a sus necesidades económicas". Además, los lugares de origen y emisores de migrantes experimentan problemas de pérdida de recursos humanos y abandono de actividades productivas, entre otros igualmente graves. De acuerdo con el estudio de la OIM, centenares de comunidades de todo el país se encuentran prácticamente despobladas.

Se requieren acciones contundentes para detener la expulsión de mexicanos y acabar con el abandono de pueblos y parcelas. Hace unos días, el presidente Felipe Calderón anunció que pidió al mandatario estadunidense, George W. Bush, ampliar la utilidad del Banco de Desarrollo de América del Norte "para financiar proyectos de inversión en las zonas de México donde la migración hacia Estados Unidos es histórica". Pero más que programas asistenciales es urgente establecer una política económica sustentable, que fomente el desarrollo y el crecimiento -no sólo en términos macroeconómicos- necesarios para que la población tenga un nivel de vida mayor.

El estudio de la OIM pone en duda la seriedad con la que los funcionarios mexicanos han enfrentado este fenómeno. Ahora sabemos que la política migratoria impulsada por Vicente Fox fue un rotundo fracaso, pues no sólo no se cumplió con lo prometido, sino que se presentaron datos falsos sobre este tema. Así, ¿cómo es posible establecer un plan de acción eficaz si los métodos establecidos para detectar a los mexicanos que deciden cruzar la frontera son poco confiables?

El problema es complejo, sin duda, pero no hay que olvidar que el modelo económico persistente en el país permite y fomenta la existencia de lacras como la desigualdad económica, la discriminación en el acceso a oportunidades laborales y la falta de responsabilidad en la repartición de recursos, entre otros factores determinantes de este fenómeno.