El éxodo provocado por la represión repercute en la economía local: Los Angeles Times
Por falta de inmigrantes, Colorado utilizará reos para trabajar en los campos del estado
Washington, 1º de marzo. Mientras se criminaliza a los inmigrantes, los reos tendrán que levantar la cosecha.
Las medidas antimigrantes promovidas por gobiernos estatales y locales junto con acciones federales como las recientes redadas han tenido un efecto obvio pero a la vez irónico: amplios sectores económicos están afectados por falta de mano de obra migrante, y en algunos casos han llegado a niveles tan extremos que un estado está empleando prisioneros para cubrir la necesidad.
En varias regiones del país, granjeros y empresarios insisten en que no hay suficiente mano de obra migrante en este país, lo cual está provocando pérdidas en producción y servicios.
Desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos (la asociación empresarial más grande del país) hasta líderes agrarios y comerciales locales en sectores como restaurantes, hoteles, servicios médicos, construcción, jardinería y agricultura, advierten que sin inmigrantes varios rubros de la economía estadunidense no podrían sostenerse.
Estos sectores son una de las fuerzas que obligan a legisladores a promover una reforma migratoria para resolver la emergencia económica de los patrones.
Esta contradicción entre las necesidades urgentes de mano de obra inmigrante para diversos sectores de la economía más grande del mundo y medidas federales, estatales y locales que penalizan a los inmigrantes y crean condiciones cada vez más hostiles para ellos, se manifiesta de diversas maneras en todo el país, pero tal vez en ningún otro lugar se ve más claro que en Colorado.
El diario Los Angeles Times informó hoy que desde que la legislatura estatal de Colorado promulgó el año pasado lo que llamaron las leyes más severas en el país contra la inmigración indocumentada, el estado ha sufrido de un déficit laboral por un éxodo de jornaleros agrarios que amenaza la supervivencia de sus granjeros.
Ante esto, oficiales estatales "anunciaron una solución novedosa: usar convictos como jornaleros", reporta el periódico de la ciudad de Los Angeles.
Las autoridades penales del estado están por lanzar un programa piloto este mes, considerado el primero de ese tipo, y ofrecer mano de obra de sus reos para cosechar melones, cebollas, sandías y más.
Después de la aprobación de la legislación estatal, la cual obligaba a identificación oficial estatal para recibir servicios del gobierno y permitía que la policía verificara la condición legal de los inmigrantes, los cultivos fueron abandonados en los campos por falta de mano de obra. Pero ahora se promueve este nuevo programa para evitar bancarrotas en la industria agraria.
Los reos podrán ganar 60 centavos al día y otros pequeños bonos, bajo la vigilancia de guardias de la prisión, aunque el costo total será pagado por los granjeros. Por tanto, los hacendados calculan que acabarán pagando más por el nuevo programa que por sus trabajadores inmigrantes.
Los granjeros no están muy complacidos, pero tienen pocas alternativas, reportó Los Angeles Times. "Esto de la mano de obra prisionera no es una cura para el problema de inmigración; es sólo una curita", dijo un granjero al diario.
Lo anterior resalta, añadió, la posición "absurda" del estado de Colorado: por un lado depende de la mano de obra inmigrante y por el otro, con medidas represivas, trata de expulsar a los migrantes.
Las contradicciones se producen en todo el país, desde Georgia a California, Nueva York y Texas. En Nebraska, Carolina del Norte y Iowa, todos saben que las enormes plantas de procesamiento de carnes no pueden operar sin la mano de obra inmigrante, porque cada vez que se aplican las leyes de migración de manera literal y se llevan a cabo redadas y otras maneras de expulsar a los trabajadores indocumentados, las primeras quejas son de empresarios y políticos que, a veces, eran los mismos que instaban al gobierno a hacer algo cotra la inundación migrante, hasta sentir las consecuencias.
Pero todo esto sigue sin solución y el debate polariza al país. De hecho, cuando la contralora estatal de Texas, Carole Keeton Strayhorn, se atrevió a emitir un informe en diciembre que concluye que los indocumentados no solamente pagan su parte en impuestos sino que su contribución beneficia a la economía local, provocó furia entre las fuerzas antinmigrantes que ofrecían sus investigaciones acusando que los inmigrantes le cuestan más a la economía y al gobierno que lo que ofrecen.
Strayhorn declaró que "la ausencia de un millón 400 mil inmigrantes indocumentados en Texas... hubiera representado una pérdida de 17.7 mil millones de dólares a nuestro producto bruto estatal", reportó el Washington Post a finales del año pasado.
Leo Berman, representante estatal que patrocina un proyecto para prohibir al gobierno estatal otorgar ciudadanía estadunidense a hijos de indocumentados nacidos en Texas, denunció el informe de la contralora junto con otros grupos antimigrantes.
Este debate se repite en varias partes del país en el vacío generado por la falta de una reforma real y una política coherente del sistema de migración a escala federal.
Mientras tanto, en Colorado y otros estados que buscan criminalizar a los trabajadores sólo por el delito de querer laborar, los criminales encarcelados podrían ahora ser los sustitutos de los inmigrantes en los campos de Estados Unidos.