ONG acusa a la Procuraduría Agraria de ser parcial en la controversia de tierras
La SRA sale en defensa de la Opddic y llama invasores a bases zapatistas
San Cristobal de las Casas, Chis., 1º de marzo. La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) reivindicó sus acciones en favor de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas (Opddic) en el conflicto que sostiene con bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del municipio autónomo Olga Isabel. La dependencia oficial llama "invasores" a los zapatistas, quienes recuperaron tierras antes privadas en la región tzeltal de Chilón, a raíz del levantamiento de 1994. Por su parte, el Centro de Análisis Políticos e Investigaciones Sociales y Económicas desmiente las afirmaciones de la SRA y acusa a la Procuraduría Agraria (PA) de parcialidad y complicidad con el despojo presuntamente legal de tierras.
La dependencia federal divulgó un boletín en el que afirma: "la PA actúa con toda legalidad en la solución del conflicto del ejido Mukulum (sic) y representa a los legítimos propietarios de la tierra". (Se infiere que habla de Muk'ulum Bachajón, pues existe otro Mukulum en la zona, pero allá en las oficinas centrales de la dependencia no debe notarse la diferencia).
Citando informaciones publicadas por La Jornada, la SRA argumenta: "la PA fue requerida por los ejidatarios del núcleo agrario para que gestione el desalojo de 300 hectáreas invadidas por 64 personas. La PA llevó el conflicto al Tribunal Unitario Agrario del tercer distrito, en el que se instauraron 64 juicios, uno por cada invasor. Este tribunal será el que emita los fallos pertinentes una vez que concluyan las pruebas periciales". Indica que entre el 12 y el 16 de febrero "se desahogaron las audiencias de ley, sin la presencia de los demandados no obstante haber sido oportunamente avisados".
Según la SRA, "el ejido Mukulum (sic) fue creado en septiembre de 2002, gestionado por la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI). Tiene una superficie de mil 764 hectáreas, debidamente regularizadas y certificadas en diciembre de 2005 por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede). La PA, en su carácter de defensora de los derechos de los sujetos agrarios, ha puesto y pondrá todo lo que legalmente proceda para encontrar una solución viable a este conflicto", concluye la dependencia, sin mencionar que el grupo demandante hoy es de la Opddic.
Capise, autor de los estudios reseñados por La Jornada, replica: "¿Por qué la PA califica, acredita y ratifica como 'legítimos propietarios' a los miembros de Opddic? Tal aseveración confirma la parcialidad y complicidad con Opddic. Con papeles oficiales en la mano, sostenemos que la PA opera ilícitamente en Chilón, Ocosingo y Altamirano.
"De forma sorprendente ustedes mismos reconocen que la PA gestiona el desalojo de 300 hectáreas 'invadidas', instaurándose 64 juicios agrarios individuales, uno por cada 'invasor'". Capise indica que las "personas" son familias, y no 64 sino 71 según el tribunal. "Ustedes hablan del desalojo de 300 hectáreas; Opddic amaga con el desalojo de todas las bases de apoyo zapatistas asentadas en mil 764 hectáreas. En el Acta de Asamblea donde se crea el ejido, se especifica que éste contiene mil 586-17-67 hectáreas asignadas a 336 ejidatarios, y no mil 764 hectáreas. No conformes, ya añadieron 178 hectáreas en situación de despojo".
El centro ratifica lo que ha documentado con anterioridad: "la PA acreditó ilegalmente la creación de Muk'ulum Bachajón sobre todos los poblados que formaban parte del primer paquete fideicomisario (mil 680 hectáreas), denominado 'NCPE Bachajón San Sebastián'. Donde eran mil 680 hectáreas se modificó a mil 586; donde eran 547 campesinos fideicomisarios, se redujo a 336 ejidatarios. Esta irregularidad representa un despojo contra 211 familias zapatistas y de la CNPI". El centro afirma que los poblados del primer paquete fideicomisario son los mismos que comprende Muk'ulum Bachajón.
En el listado de 547 fideicomisarios del primer paquete, cotejado con los 336 nombres del nuevo ejido, Capise encontró que los 69 mencionados no aparecen en el primer paquete, y que deberán sumarse a las 211 familias, arrojando un total 280 familias despojadas. "Debido a que ningún beneficiario del primer paquete debe repetirse en el segundo, se verificó la lista de nombres del segundo (451 campesinos) contra la del primero (547) y la de los ejidatarios de Muk'ulum Bachajón (336). El robo y el tamaño de las irregularidades se incrementaron". Mas no son estas las únicas irregularidades de las autoridades agrarias que han detectado, tanto la junta de buen gobierno de Morelia como Capise.