Usted está aquí: viernes 2 de marzo de 2007 Política El gobierno abre la puerta del BID a los empresarios

Invita al organismo a financiar la construcción de autopistas

El gobierno abre la puerta del BID a los empresarios

SHCP les ofrece un favorable esquema de fideicomisos

VICTOR CARDOSO

Ampliar la imagen En los proyectos de asociaciones público-privadas se prevé invertir este año 16 mil 300 millones de pesos Foto: Cristina Rodríguez /Archivo

Dispuesto a alcanzar sus metas de construcción de infraestructura, el gobierno federal acudió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para invitarlo a financiar a empresarios locales en la construcción de nuevas autopistas. El organismo financiero internacional podría aportar créditos hasta por 8 mil millones de dólares en este sexenio para impulsar proyectos carreteros en México.

Además, con tal de promover las concesiones carreteras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) impulsa un esquema de fideicomisos que administrarán la emisión de bonos con garantía del peaje futuro de las nuevas autopistas, para liberar los recursos invertidos y canalizarlos a más proyectos, según revelaron autoridades a representantes financieros.

De acuerdo con estimaciones de analistas financieros, la SCT tiene planeado impulsar inversiones por unos 20 mil millones de dólares entre 2007 y 2010, mediante el programa que denomina de asociaciones público-privadas. Para este año se tiene previsto arrancar diez proyectos de concesiones, seis de prestación de servicios (PPS), y continuar con la construcción de la vía Durango-Mazatlán. Sólo en esta última, durante 2007 se ejercerán alrededor de 2 mil 750 millones de pesos.

En los proyectos de asociaciones público-privadas se tiene previsto para este año realizar inversiones por alrededor de 16 mil 300 millones de pesos, que servirán para arrancar las obras en los tramos Morelia- Salamanca; Tepic-Villa Unión; libramiento norte de la ciudad de México; libramiento de Techan; Amozoc-Perote, y Monterrey-Saltillo.

Palanca internacional

Esta semana, el gobierno mexicano y el Banco Interamericano de Desarrollo firmaron un memorando de entendimiento para apalancar financieramente proyectos de infraestructura asignados en concesión a la iniciativa privada nacional. Esto se hará mediante préstamos y garantías parciales de crédito sin respaldo soberano, tanto para empresas públicas como privadas, o inclusive para gobiernos estatales y municipales.

Como parte de la cooperación del BID, este organismo, mediante el Fondo Multilateral de Inversiones, acaba de aprobar una donación de 3 millones 900 mil dólares para financiar el Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos (PIAPPEM), a fin de impulsar la participación de particulares en las inversiones de infraestructura.

Reciclaje financiero

En paralelo, para los nuevos proyectos carreteros la SCT tiene previsto establecer un programa de emisión de bonos de deuda en el mercado bursátil nacional (bursatilizaciones), con garantía de pago de los ingresos futuros de las autopistas de peaje. En cada caso se crearía un fideicomiso encargado de administrar los recursos y el pago de la deuda. Con este esquema, los concesionarios, una vez terminada la obra y puesta en operación, recibirían los recursos provenientes de la bursatilización para iniciar nuevos proyectos sin esperar a recuperar sus inversiones mediante los ingresos por peaje.

''Para los inversionistas, la bursatilización de cuotas permite disponer de un instrumento financiero que por el desempeño de los CBIC (Certificados Bursátiles de Indemnización Carretera, un mecanismo utilizado para el pago de la deuda generada por el rescate carretero de 1997) promete una elevada rentabilidad y una alta calidad crediticia. En este mecanismo, el pago del principal e intereses quedan ligados a los flujos del aforo y separados de la calificación crediticia y administración de la empresa concesionaria'', comentaron Arnulfo Rodríguez y Heber Longhurst, analistas de Banamex Citigroup.

A una década del salvamento

El rescate de 23 autopistas concesionadas a la iniciativa privada, llevado a cabo por el gobierno federal en 1997, tuvo un costo inicial de 58 mil 123 millones de pesos, pero a una década de distancia esa deuda ha crecido en 206 por ciento hasta alcanzar 178 mil 289.4 millones de pesos en diciembre de 2006, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Una vez garantizado el pago de esos adeudos, tanto la SHCP como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) iniciaron el año pasado un proceso de licitación para reprivatizar cuatro autopistas que fueron rescatadas (Guadalajara-Zapotlanejo, Zapotlanejo-Lagos, León-Lagos-Aguascalientes y Maravatío-Zapotlanejo), y forman parte del patrimonio del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), administrado por Banobras. En etapa de análisis se encuentra otro ''paquete'' de nueve autopistas para licitarse entre la iniciativa privada.

Este primer grupo de autopistas a reprivatizar fue seleccionado por la estabilidad que ha mostrado el aforo vehicular y sus ingresos, lo que permite a los empresarios interesados realizar proyecciones de recuperación de inversiones sobre una base confiable, según han explicado funcionarios de SCT sobre el programa denominado ''Aprovechamiento de activos''.

 
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