El inicio de la aplicación de la Ley de Sociedades de Convivencia en el Distrito Federal se está convirtiendo en una verdadera prueba de civilidad y respeto a los derechos humanos para los funcionarios delegacionales y del gobierno central.

A dos semanas del inicio formal de los registros, el 16 de marzo, hay serias dudas de que varias de las delegaciones estarán listas para dar cauce a las solicitudes. La instrumentación de una nueva ley siempre conlleva dificultades, pero no se entiende que tras 120 días de la aprobación de una norma que acaparó la atención de la opinión pública, no exista aún un reglamento para echarla a andar.

El pasado 14 de febrero 570 parejas confirmaron por escrito su intención de registrar su sociedad de convivencia; dos delegaciones tuvieron el número más alto de convivientes: Iztapalapa, cuyas autoridades han sido de las más dispuestas a apoyar a estos ciudadanos, y Cuauhtémoc, que está en el otro extremo con trabas, cerrazón y evasivas que parecen esconder fuertes dosis de homofobia. En el mismo tenor están las demarcaciones Gustavo A. Madero, Tláhuac, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.

Si bien se trata de una ley que no goza de las simpatías de la mayoría de los capitalinos, por ese mismo motivo las autoridades del gobierno del DF tienen una mayor obligación de difundir el contenido y alcance de la ley para revertir esa tendencia. La aplicación correcta y sin contratiempos de la ley de convivencia posibilitará que la población capitalina cambie su percepción negativa y apoye, como ha sucedido en otros lugares del mundo con iniciativas similares.

El reconocimiento de derechos en una ley no será nunca un avance si no se acompaña de acciones afirmativas por parte de los encargados de aplicarla. Una encomiable iniciativa ciudadana no puede derivar, por la falta de voluntad política de las autoridades, en un ejercicio deslucido y a regañadientes de los derechos civiles.