Editorial
Drogas: la punta del iceberg
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Alberto Gonzales, anunció ayer el desmantelamiento de un cártel de narcotraficantes en una operación que logró el arresto de más de 400 personas en cuatro estados del país vecino y el decomiso de 12 toneladas de mariguana, cuatro de cocaína, 320 kilos de metanfetaminas, cinco kilos de heroína, 45 millones de dólares, un centenar de armas de fuego y 94 vehículos. Según el funcionario, la organización desarticulada estaba encabezada por el mexicano Emilio Cazares Gastellum; recibía en territorio de nuestro país droga procedente de Colombia y Venezuela en camiones de carga, vehículos particulares y aeronaves, y las renviaba a la nación vecina a través de los puestos de control de la frontera común o bien atravesando el río Colorado.
A primera vista, la noticia podría ser tomada como un éxito de grandes dimensiones en el combate al tráfico de estupefacientes ilícitos. Pero hay varios datos que no cuadran en el optimismo. Para empezar, no resulta fácil entender que un grupo delictivo de tales magnitudes haya podido conformarse y operar sin ser detectado ni molestado por las agencias policiales, los cuerpos de seguridad y las instituciones de inteligencia estadunidenses.
Por otra parte, si se da por buena la afirmación de Gonzales en el sentido de que el cártel de Cazares Gastellum ha sido liquidado, cabe preguntarse en cuánto tiempo será remplazado por nuevas estructuras trasnacionales de producción, transporte y distribución de drogas y, por desgracia, la respuesta obligada es que a la delincuencia organizada le tomará muy poco tiempo restablecer esos canales de abasto de estupefacientes para el mercado de Estados Unidos.
En otro sentido, es razonable suponer que el grupo que fue capturado representaba sólo una pequeña porción de las corporaciones ilegales dedicadas al narcotráfico, cuya extensión y poder pueden vislumbrarse en los datos proporcionados por el funcionario estadunidense.
Adicionalmente, si Gonzales dijo la verdad sobre el tránsito de las mercancías ilícitas por las garitas de la frontera común mexicano-estadunidense, ello sólo puede explicarse por la existencia de una enorme corrupción gubernamental al norte del río Bravo, evidenciada por la facilidad con que toneladas de drogas transitan por los puestos de control. Esta fluidez contrasta, por cierto, con los excesivamente estrictos controles migratorios que el país vecino practica en la línea divisoria común, y obliga a concluir que la frontera estadunidense es implacable con los trabajadores migrantes y porosa con los embarques de drogas. Toda la parafernalia de alta tecnología -cámaras, radares, visores infrarrojos, vigilancia aérea y satelital- empeñada en impedir el paso de indocumentados no tiene, por lo que puede verse, el menor efecto para frenar la llegada masiva de estupefacientes.
El corolario de lo anterior es que hay una escandalosa hipocresía en las políticas de lucha contra el narcotráfico que Washington impone a las naciones productoras y de tránsito de Latinoamérica, toda vez que las agencias policiales y de seguridad del país vecino no están haciendo su parte en esa guerra.
Las mexicanas, tampoco, a juzgar por el Informe 2006 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, dado a conocer ayer, en el que se señala que los cárteles mexicanos han ganado terreno frente a los colombianos, han extendido su control de las rutas hasta Ecuador, han expandido sus cultivos de mariguana en territorio de Estados Unidos y se han convertido en el principal proveedor del mercado de ese país.
El anuncio formulado ayer por el secretario de Justicia del país vecino confirma las tendencias señaladas en el informe de la JIFE, pero ni uno ni otro dan elementos para pensar que la guerra contra las drogas esté bien encaminada.