También ex directivos de organismos financieros: Gómez
Los ex presidentes dirán adiós a su pensión vitalicia
La reforma constitucional evitará injusticias, dice el senador
A partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional que fija salarios máximos a los funcionarios públicos, se quedarán sin pensión los ex presidentes de la República, ex directivos de organismos financieros y empresas descentralizadas, toda vez que se trata de remuneraciones ilegales, confirmó el senador perredista Pablo Gómez.
Autor de la reforma aprobada el pasado martes en comisiones del Senado, detalló que los salarios de los ministros de la Corte, de consejeros y magistrados electorales y de todo aquel funcionario que perciba remuneraciones superiores al presidente de la República, tendrán que ajustarse.
En conferencia de prensa, Gómez detalló que las pensiones de los ex presidentes quedarán sin efecto, ya que las modificaciones a los artículos 41, 94, 75, 116, 123 y 127 de la Carta Magna, además de establecer las bases para que el Congreso fije las remuneraciones de los servidores públicos de alto nivel, determinan ''con toda precisión que las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro deberán ser otorgados de acuerdo con una ley o decreto legislativo, o bien mediante contrato colectivo o condiciones generales de trabajo''.
De ahí que, a partir de la entrada en vigor de las modificaciones constitucionales -que él confía puede ser a partir del primero de enero de 2008-, aquellas pensiones que hayan sido indebidamente concedidas no se pagarán. Si Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo o Vicente Fox quieren una pensión vitalicia, el Congreso tendrá que legislar para crear una ley en ese sentido.
Sin embargo, el senador Gómez hizo notar que no sólo se eliminarán las pensiones ilegales que ahora perciben los ex mandatarios, sino también las de muchos ex directivos de organismos descentralizados y los llamados organismos autónomos. Puso como ejemplo el caso de José Angel Gurría, secretario general de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, quién logró una jubilación millonaria de Nacional Financiera, que se le deberá suspender.
La pensión de Gurría se la paga un banco del Estado, no el ISSSTE, al que tendría derecho, donde lo que recibiría es de 12 mil a 13 mil pesos mensuales, pero cobra una cantidad semejante a la de director de un banco de desarrollo. Como ese caso, dijo, hay muchísimos, y es muy injusto.
Gómez reconoció que se trata de un proyecto ''filoso'', que toca intereses, pero que se refiere a un asunto de ''ética republicana'', toda vez que es un paso inicial para acabar ''con esa tendencia perniciosa que yo llamo el patrimonialismo del Estado, que tanto daño ha hecho no sólo a las finanzas públicas, sino a la República''. Insistió en que no se trata de poner un tope a las percepciones de funcionarios, sino de ajustar el marco constitucional que sustenta las remuneraciones de todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno y de los organismos descentralizados y autónomos.
La reforma establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República, en tanto jefe del Estado mexicano. Con ese criterio, la Cámara de Diputados ''mantendrá plenamente su atribución constitucional para fijar los sueldos y los tabuladores de los servidores públicos, aunque con la reforma deberá también definir el de los órganos autónomos, organismos descentralizados y la banca del Estado''.
Señaló que las percepciones, en su conjunto, incluyendo las que se dan en especie, fondos de ahorro y toda clase de bonos, se transparentarán y serán consideradas en la remuneración única. Asimismo, una vez aprobada la reforma, ''ya no habrá percepciones ocultas ni niveles altos de sueldos mediante acuerdos poco claros que se toman en las dependencias''.
Interrogado sobre la posibilidad de que los ministros de la Corte o algún magistrado electoral se sienta afectado por esa reforma que hará disminuir en más de 50 por ciento sus salarios, Gómez respondió que el dictamen se aprobó en comisiones un día antes por unanimidad. Explicó que el martes pasará a primera lectura y espera que se apruebe una sesión después.