Unos 600 realizan paros escalonados desde hace 15 días
Demandan granaderos mexiquenses alza salarial y frenar corrupción
Ampliar la imagen Al menos 600 granaderos adscritos a los sectores Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tlalnepantla exigieron mejoras salariales y contener los entres que, aseguran, les exigen mandos de la Agencia de Seguridad Estatal Foto: René Ramón
Nezahualcóyotl, Mex., 24 de febrero. Al menos 600 integrantes de las Fuerzas de Acción y Reacción (FAR) y de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito (DSPT) exigieron mejoras salariales y no más actos de corrupción que, aseguran, ejercen en su contra mandos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE).
La protesta comenzó a las 7 de la mañana con el cambio de turno. Los granderos se negaron a firmar el pase de lista y se apostaron afuera de sus cuarteles, pues tras 15 días de paros escalonados intermitentes sus peticiones no han sido atendidas por el recién nombrado comisionado de la ASE, Héctor Jiménez Baca.
Las protestas se generalizaron en los sectores Tlalmanalco y Manantiales, de la DSPT, así como en los agrupamientos FAR de las direcciones de operación regionales de Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tlalnepantla, donde según sus denuncias los mandos los obligan a pagar un entre (renta) por el uso de patrullas y a comprar uniformes y equipo antimotín.
Entre los transeúntes, los policías repartieron copias de un pliego petitorio de 20 puntos fechado el 21 de febrero de 2007, dirigido a Felipe Calderón Hinojosa, en el que piden aumento al salario, crédito para vivienda, vales de despensa, jornadas laborales de 12 horas y pago de horas extra.
Ricardo López Galindo, adscrito a la FAR y uno de los uniformados que decidió hablar públicamente "pese a las posibles represalias", exigió que no les asignen más servicios para "reprimir a la sociedad, ya no queremos que nos utilicen como en Texcoco y Atenco, en mayo pasado".
Argumentó que a nueve meses de esos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han puesto los ojos en la tropa cuando "Rogelio Cortés Cruz -director general de operaciones de la ASE- fue quien dio la orden de romperle la madre a la ciudadanía".
También exigieron que a Rogelio Cortés y a David Vital Espinosa, este último coordinador de directores del Valle de México, se les investigue por enriquecimiento ilícito, pues son los beneficiados con los entres.
Estos comandantes llevan más de dos décadas en el puesto, "son los negros Durazo de la policía en el estado de México", sostuvo Ricardo López, quien fue apoyado por sus compañeros del FAR que hacían las denuncias.