En defensa del IFE: que se vayan todos
Existe un creciente consenso alrededor de la impostergable necesidad de realizar una reforma electoral de largo alcance. Sin embargo, habría que recordar que los principales responsables del desastre político del año 2006 no fueron ni las leyes ni las instituciones, sino las personas encargadas de hacerlas valer y defenderlas. El legislador nunca podrá anticipar todos los escenarios futuros para la aplicación de una ley, y ninguna ley, por más perfecta que parezca, podrá dar respuesta a la totalidad de los desafíos sociales. Son los propios gobernantes quienes deben contar con la visión, sensibilidad y apertura necesarias para que la norma se cumpla, en contextos siempre cambiantes y dinámicos.
Entre 1996 y 2003 los consejeros electorales supieron darle vida a la ley electoral. Los artículos 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) no le otorgan al IFE capacidad alguna de investigación. Sin embargo, en un esfuerzo proactivo el instituto desplegó una amplia investigación en los casos del Pemexgate y los Amigos de Fox. La ley tampoco faculta a los consejeros a controlar directamente la estructura operativa del instituto. El artículo 82 del Cofipe pretendió mantener a los consejeros apartados de las tareas centrales del instituto, y así permitir que las cosas siguieran funcionando como en los tiempos de la hegemonía del partido de Estado. Pero a partir de la acción decidida de los cinco consejeros nominados por la oposición, el Consejo General logró meterse hasta la cocina, extirpar prácticas de corrupción y despedir funcionarios envueltos en evidentes conflictos de intereses.
En contraste, en 2006 los nuevos consejeros se negaron a esclarecer los resultados electorales. Más allá del debate con respecto a las irregularidades del PREP, el más grave error fue su comportamiento durante el conteo distrital. En lugar de actuar como sus predecesores y auspiciar una interpretación abierta y democrática del artículo 247 del Cofipe, los consejeros atacaron a la coalición Por el Bien de Todos y transmitieron una línea sumamente cerrada hacia los consejeros distritales. Aun el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eventualmente aceptó la existencia de irregularidades generalizadas durante este conteo.
No contentos con ello, los consejeros lanzaron una costosa, dogmática y populista campaña en los medios de comunicación. Se olvidaron de que la mejor defensa del trabajo bien realizado es la transparencia, no la opacidad y la propaganda. En lugar de solicitar que el tribunal interviniera a favor del esclarecimiento de las dudas por medio de un recuento generalizado de la votación, el IFE autónomo pedía a gritos que se cerrara el caso sin mayor investigación.
El broche de oro de esta actitud cerrada y opaca fue su reiterada negativa a la idea de un recuento cívico. Escudándose en legislación antinazi de Alemania y en una franca violación tanto a la Ley Federal de Transparencia como al Cofipe, los consejeros han negado el acceso a las boletas electorales solicitado por varios medios de comunicación. Incluso el Instituto Electoral del Distrito Federal le ha dado una lección de transparencia al IFE, al autorizar sin problema el acceso a sus boletas.
Los consejeros federales actuales han socavado la legitimidad y el prestigio que habían acumulado nuestras instituciones electorales. Antes el IFE era la joya en la corona de la reforma del Estado y algo que presumir al mundo entero. Ahora es un símbolo emblemático de la permanencia de la gestión autoritaria del poder en México.
Ahora los consejeros tienen su última oportunidad para salvar la legitimidad del IFE y rencauzar nuestra democracia. La renuncia colectiva del Consejo General sería un acto patriótico de gran humildad y conciencia, que dejaría la mesa limpia para la siguiente etapa de desarrollo político. Este sacrificio de ninguna manera atentaría contra la institucionalidad o la fortaleza del IFE. Al contrario, sería la mejor manera para empezar a salvar nuestras instituciones de la crisis.
La renuncia tendría que ir de la mano de una reforma electoral. De otra forma, nos arriesgaríamos a repetir la historia del nombramiento de los actuales consejeros en un proceso opaco, politizado y a espaldas de la ciudadanía. Sería fundamental reformar el artículo 74 del Cofipe para establecer un proceso formal de convocatoria, auscultación, dictamen y selección de los consejeros electorales. Actualmente los legisladores no están obligados a seguir procedimiento alguno, lo cual abre la puerta a candidatos y negociaciones sumamente problemáticos.
La democracia mexicana se parece a la metáfora del niño ahogado. Ahora que el daño está hecho, se argumenta que es necesario superar los acontecimientos de 2006 y enfocarnos en la reforma electoral. Si bien nadie puede negar que las leyes deben renovarse, es aún más importante contar primero con un árbitro independiente, transparente y respetado por todos los jugadores en la contienda.