México SA
Deuda por el rescate carretero, lastre para el erario
Grandes empresas, las beneficiadas
Raterías y corruptelas en vías concesionadas
Falta mucho tiempo y dinero para que los mexicanos terminen de pagar el "rescate" carretero que el generoso gobierno zedillista puso en marcha en agosto de 1997, tras que en el sexenio de la "solidaridad" su amigo Carlos Salinas concesionara alrededor de 5 mil 300 kilómetros de autopistas a un puñado de empresas privadas.
Con la "democracia empresarial" sentada en Los Pinos, el siempre discreto Vicente Fox "inventó" un esquema para que las concesiones carreteras a la iniciativa privada siguieran su curso, a pesar del fracaso registrado y la creciente cuan abultada deuda derivada del susodicho "rescate".
Tercos como mulas, los tecnócratas se aferran a su santa patrona, la privatización, y el quinto sexenio consecutivo de la exitosa "democracia empresarial" no se puede quedar atrás, de tal suerte que el siempre seguro Felipe Calderón y su secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, anuncian un "nuevo esquema" de concesiones carreteras a la iniciativa privada, con el fin de "aumentar y mejorar su calidad de infraestructura y servicio", esto es, lo mismo que se prometió cuando se puso en marcha el primer "nuevo esquema" de este tipo, con Salinas en Los Pinos.
Para los inagotables mexicanos -que no tienen para calzones, pero sí pagan deudas ajenas- suman ya muchos los años y más los millones de pesos para cubrir los quebrantos de los "nuevos esquemas" y los subsecuentes "rescates" de los gobiernos neoliberales y sus amigos los barones (desde aerolíneas a bancos).
Viene la tercera ola, mientras los mexicanos puntualmente cubren los quebrantos del original, los cuales parecen no redimibles, pues en 1997 sumaban 30 mil millones de pesos y 28 mil adicionales por "indemnizaciones" a los concesionarios, y para 2006 se había disparado a 170 mil millones, en números redondos (sólo en el sexenio del "cambio" dicho monto se incrementó un modesto 67 por ciento).
Preparaos, mexicanos pagadores, para abrir los perforados bolsillos y asumir los quebrantos del (tercer) "nuevo esquema" de concesiones carreteras que la "continuidad" pondrá en marcha a partir de marzo próximo. En vía de mientras, aunque parezca un acto masoquista, va un recuento de los dos primeros "nuevos esquemas", el salinista y el zedillista, con la ayuda de memoria del CEFP:
El gobierno federal estableció un régimen de concesiones al sector privado, "liberando" 52 autopistas (5 mil 300 kilómetros de la red federal), siendo éstas las más transitadas del país y lucrativas, por lo que los concesionarios favorecidos esperaban obtener elevadas utilidades por su operación. Dichas concesiones tendrían una vigencia hasta de 50 años.
En dicho proceso participaron el gobierno federal, los gobiernos estatales y grupos corporativos privados. Los principales beneficiarios fueron las ICA, Tribasa y GMD, los que esperaban obtener elevadas utilidades en la operación de las autopistas concesionadas, tanto por el flujo de automóviles y camiones, como por las altas cuotas que cobrarían en dichas autopistas, además se beneficiaron directamente a diversos gobiernos estatales.
Con el "cambio", Fox propuso un (segundo) "nuevo esquema" de concesión de autopistas y la bursatilización de nuevos tramos carreteros, pero requerimientos por casi 72 mil millones de pesos lo invitaron a retomar el esquema original, pero bajo esquemas de coinversión, "otorgados a consorcios y no a empresas" (¿?), sin garantías de aforos vehiculares ni ingresos mínimos.
La deuda pública por esas 23 autopistas "rescatadas" es un lastre para el erario (casi 200 por ciento de aumento en una década), pero hay que estar contentos: ya viene el (tercer) "nuevo esquema".
Las rebanadas del pastel
Más del "paraíso carretero" nacional y la triste realidad: "la SCT realizó los proyectos e ingeniería de las carreteras concesionadas, además de los análisis financieros para convencer a los concesionarios; dadas la condiciones de la recuperación de las inversiones, se fue disminuyendo la calidad y la rigidez en la aplicación de las normas de diseño y construcción, que habían caracterizado a la institución, para hacer compatibles los costos con la recuperación de las inversiones, vía cuotas de peaje. El resultado era previsible: taludes inestables, que se derrumban sobre la carretera, terraplenes sin capacidad de soporte y dudosa estabilidad, carpetas de rodaje sin calidad ni espesores adecuados para una carretera con tráfico de "primer mundo". Todo con la finalidad de conciliar los rendimientos contra los gastos de construcción, cuando es sabido que las obras de infraestructura que requieren de inversión pública van a fondo perdido, pero son de beneficio colectivo y su rentabilidad deberá medirse en función del crecimiento y la generación de riqueza y bienestar que procuren. No así a los concesionarios: a Tribasa, ICA y Grupo Mexicano de Desarrollo se les dieron todas las facilidades técnicas, financieras y legales para que hicieran eco al proyecto carretero más ambicioso de la historia; se les otorgaron créditos para compra de maquinaria, que se usó solo nueva en su totalidad y que fueron a parar al Fobaproa, se amortizó la maquinaria a través de los trabajos realizados y por último los concesionarios vendieron la maquinaria que para estos momentos ya obraba entre los activos fijos de sus empresas, negocio redondo, se traficó por partida triple con la maquinaria. La Secretaría , a través de su Subsecretaría de Vías Terrestres y la Dirección General de Servicios Técnicos, ambos organismos con la capacidad técnica y jurídica para hacer las cosas bien, realizaron, o por lo menos supervisaron, los proyectos y la ejecución de las obras, de acuerdo a la Normas Oficiales Mexicanas, vigentes en su momento, cosa que a simple vista y sin ser expertos en vías terrestres, se cae en la cuenta de que no se cumplieron y hoy nos ponen en la necesidad de ejecutar trabajos de mantenimiento costosísimos y generadores de mas raterías y corruptelas" (Luis Sierra Campuzano, bluedem @prodigy.net.mx).