Víctimas de tortura señalan que no descansarán hasta que se castigue a los responsables

Ofrece el gobierno de Chiapas disculpa pública por la ejecución de campesino

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 20 de febrero. El gobierno de Chiapas ofreció disculpas por la detención ilegal, tortura y ejecución de campesinos en diciembre de 1995. "No crean que con esta disculpa pública nosotros vamos a parar; mientras no se castigue a los responsables, esto no se termina", advirtieron Julieta y Enrique Flores, así como Everilda Roblero, viuda de Reyes Penagos Martínez, durante el acto de perdón público que se celebró por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue presidido por el gobernador Juan Sabines Guerrero y el fiscal general del estado, Mariano Herrán Salvatti.

Luego de que el pasado 15 de febrero funcionarios de segundo nivel intentaron cubrir como "un requisito burocrático" el reconocimiento de responsabilidad pública por la tortura perpetrada contra Julieta y Enrique Flores, lo mismo que la ejecución extrajudicial de Reyes Penagos -cometidos en diciembre de 1995, en el contexto de conflictos poselectorales-, este martes se repuso el acto.

En una sala del palacio de gobierno, ante los agraviados, sus representantes legales y medios de comunicación, el fiscal Mariano Herrán refirió que en cumplimiento al acuerdo de solución amistosa celebrado ante la CIDH, "más allá de reconocer la responsabilidad de la entonces Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado de Chiapas, pide perdón a las víctimas y sus familiares por estas censurables acciones".

Indicó que los hechos en los que participaron -según denuncias de las víctimas- el entonces procurador estatal Jorge Enrique Hernández Aguilar, y al menos otros 25 servidores públicos, "representan un escenario de horror y de vergüenza para la humanidad".

Al tomar la palabra, los agraviados reconocieron el cumplimiento parcial de la llamada "solución amistosa" que acordaron con el Estado mexicano; sin embargo, denunciaron que sus torturadores se encuentran en libertad, y algunos de ellos ocupan puestos públicos.

"A mi marido lo mataron y no he visto a los responsables en la cárcel; pido y exijo que lo más pronto posible sean detenidos Jorge Enrique Hernández Aguilar y Uriel Estrada (ex fiscal de la procuraduría), porque sé que (este último) trabaja aquí en palacio de gobierno", señaló Everilda Roblero, viuda de Reyes Penagos. Añadió que mientras no se castigue a los responsables, "esto no se termina".

Julieta Flores sostuvo por su parte que "la tortura no se puede olvidar; nosotros seguimos dolidos, no crean que con esta disculpa pública vamos a parar; vamos a seguir adelante hasta que los culpables estén en la cárcel, porque jamás se va a poder reparar el daño, el escarnio público que sufrí".

Recriminó al fiscal general haber faltado a la primera reunión donde se llevaría a cabo la disculpa pública: "le exigimos que sea justo para toda la gente; acá todos somos iguales y merecemos respeto, por más humildes que seamos. Sepan que todos estamos aquí por la lucha de un campesino", dijo.

En representación de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organismo humanitario que representó a los agraviados ante la CIDH, el abogado Fabián Sánchez expuso: "este acto de perdón público representa la pauta y base en muchas otras peticiones que tiene el Estado mexicano en relación con diferentes violaciones a los derechos humanos, lo que nos da aliento y esperanza para seguir buscando justicia".

Añadió que el hecho de que el Estado reconozca su responsabilidad pidiendo perdón público a las víctimas, "se convierte en un parteaguas en el acceso a la justicia en Chiapas, además de que estará garantizando así una reparación de manera integral, como lo marcan los estándares internacionales de protección a los derechos humanos".

La activista Martha Figueroa, otra de las representantes legales del caso, señaló que aún está pendiente la aplicación de políticas públicas y cambios estructurales "que nos digan que hay una verdadera voluntad para erradicar la violencia. Esperamos que un funcionario que ha cometido violencia nunca vuelva a ocupar cargos públicos. Eso sería mostrar una verdadera voluntad política para cambiar".

Coincidió con las víctimas en señalar que el caso no termina con este acto, porque están todavía pendientes las investigaciones y la consignación de los responsables.

Al final del acto, Mariano Herrán explicó en entrevista que al retomar las investigaciones encontró que el proceso penal que se siguió contra los implicados por tortura "fue totalmente amañado, resultando en la exoneración de varios de ellos; sin embargo estamos buscando nuevas figuras delictivas que puedan ser acordes con los hechos que sucedieron, para volverlos a procesar".

Actualmente sólo uno de los policías que participaron en los hechos, Manuel Salomón Núñez, se encuentra en prisión por perpetrar tortura.