Fernando Araújo, centro de un escándalo de corrupción hace años, queda en el cargo

Renuncia la canciller de Colombia presionada por la narcoparapolítica

Aparte de legisladores hay más de 80 militares de alto rango vinculados con paramilitares

JORGE ENRIQUE BOTERO CORRESPONSAL

Santafe de Bogotá, 19 de febrero. Luego de tambalear durante varias semanas en su cargo, la canciller colombiana, Maria Consuelo Araújo, renunció hoy en medio del torbellino político desatado por las revelaciones de que paramilitares y narcotraficantes se han adueñado de instancias claves en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de esta nación sudamericana.

La joven ministra se vio obligada a dimitir cuatro días después de que su hermano, el senador Alvaro Araújo, fuera capturado y recluido en la penitenciaría nacional de La Picota, acusado de mantener una larga y estrecha alianza con los jefes paramilitares de la costa atlántica colombiana. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia, el senador Araújo, así como otros cinco parlamentarios de esa región del país, se beneficiaron electoralmente de su alianza con los paras (paramilitares). En algunos casos, no sólo intimidaron a jurados y electores, sino que amenazaron y hasta secuestraron a los adversarios políticos. Con dinero proveniente del tráfico de cocaína, los paras también aportaron gruesas sumas a las campañas electorales de sus aliados.

Durante una rueda de prensa ofrecida esta mañana en la Casa de Nariño, sede del gobierno, la ministra de Relaciones Exteriores leyó una carta que le dirigió al presidente Uribe, en la cual le expresa que renuncia ante la certeza de que en las condiciones actuales no podrá obtener "resultados que beneficien al país". Dos días antes, el primer mandatario la había ratificado de manera vehemente en su cargo, indicando que no la entregaría como un trofeo a sus opositores.

Sin embargo, la presión de los partidos de oposición y de la mayoría de los columnistas de prensa, obligó a la canciller a renunciar sin haber cumplido siquiera un año en el cargo. Algunos analistas sugirieron incluso que se puede ver la mano de Washington detrás de la renuncia de Araújo, pues cada vez son mayores los sectores del Congreso y de la prensa estadunidense que ven con preocupación el panorama político de Colombia.

Querían evitar un efecto dominó

La situación de La Conchi, como le dicen sus allegados, era insostenible pues no sólo su hermano Alvaro está en el ojo del huracán de la llamada narcoparapolítica. Su padre, el ex ministro Alvaro Araújo Noguera también ha sido llamado por la justicia, lo mismo que su primo hermano, el actual gobernador del departamento del Cesar, Hernando Molina, ambos sindicados de vínculos con los paramilitares. Según analistas políticos locales, el gobierno insistió en mantenerla en el ministerio para dar una sensación de fortaleza institucional y para evitar que se produjera un efecto dominó que podría afectar a más funcionarios de alto nivel.

De hecho, la renuncia de la ministra puso a retumbar en los medios políticos la frase pronunciada por su hermano a finales del año pasado, cuando apenas era un sindicado y sólo se veía la punta del enorme iceberg: "Si vienen por mí, vienen por La Conchi y por el presidente Uribe", pronosticó entonces Alvaro Araújo.

Carlos Lozano, analista político y dirigente del Polo Democrático Alternativo, principal fuerza de oposición, considera que el escándalo de la narcoparapolítica puede, en efecto, tocar a las puertas de la Casa de Nariño. En declaraciones a La Jornada, Lozano consideró que, ante está eventualidad y en medio de una gran crisis institucional, el próximo e inevitable paso del presidente Alvaro Uribe será la convocatoria a un "acuerdo nacional de todos los sectores políticos y económicos que lo salve del naufragio. El Polo debe abstenerse de participar en cualquier acuerdo con Uribe, pues los mismos votos que eligieron a los congresistas que hoy están presos sirvieron para elegirlo a él como presidente de la República", dijo.

Otros analistas recordaron que "el desfile apenas comienza", en alusión a la larga fila de congresistas y altos funcionarios del gobierno, así como oficiales del ejército y de la policía que tendrán que responder ante la justicia por sus vínculos con las bandas armadas de ultraderecha que provocaron una gran catástrofe humanitaria a lo largo de los últimos 20 años.

Paradójicamente, la desmovilización de una parte de la estructura paramilitar, acordada entre sus jefes y el gobierno mediante un cuestionado proceso, es lo que ha permitido que los colombianos se hayan enterado de los increíbles niveles de penetración de estas bandas armadas en la política y el aparato estatal. El hallazgo de un computador de uno de los líderes paramilitares conocido como Jorge 40, así como las confesiones de varios desmovilizados, han permitido ir detectando la compleja red de poder que se tejió entre empresarios (especialmente ganaderos), narcotraficantes, dirigentes políticos, funcionarios públicos, militares y paramilitares en casi todos los departamentos del país. Uno de los casos que más expectativa despierta es el de Jorge Noguera, ex director del máximo organismo de inteligencia del estado, quien es acusado por uno de sus subalternos de trabajar en estrecha alianza con jefes paras de la región caribe. Otro importante foco de atención es el de los más de 80 militares de alto rango que han sido llamados para que expliquen sus alianzas con los paras en la ejecución de matanzas de campesinos acusados de auxiliar a las guerrillas.

Precisamente las guerrillas, en especial las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son el otro dolor de cabeza que enfrenta el gobierno. Con presencia en todo el territorio nacional, las FARC no sólo han resistido la más ambiciosa embestida militar emprendida por gobierno alguno, conocida como Plan Patriota, sino que atacan constantemente al ejército y a la policía. Además, generan una presión constante sobre Uribe, tanto nacional como internacional, para que acepte canjear a los guerrilleros presos en las cárceles por 59 dirigentes políticos y oficiales del ejército que mantienen en su poder, en algunos casos desde hace nueve años. Entre los canjeables de las FARC están la ex candidata presidencial Ingrid Betancur y tres contratistas estadunidenses que realizaban tareas de espionaje cuando su avión fue derribado en plena selva amazónica.

Y ha sido justamente un ex secuestrado, el ex ministro Fernando Araújo, quien le permitió a Uribe sortear la crisis generada por la caída de una de las "estrellas" de su gabinete. Su nombramiento como nuevo canciller, poco más de un mes después de terminar un largo cautiverio de más de seis años en poder de las FARC, el pasado 31 de diciembre, ha sido, según la mayoría de analistas, una atrevida jugada publicitaria del presidente dirigida a opacar la percepción de que el mandatario había perdido un round con la renuncia de su canciller. El Araújo que se estrenará en la diplomacia no tiene parentesco con la ministra saliente, fue titular de la cartera de Desarrollo Económico durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana y estuvo en el centro de un escándalo de corrupción en su natal Cartagena de Indias hace ocho años.

En tanto, todas las miradas se dirigen ahora al Capitolio Nacional, sede del Congreso, donde el Polo Democrático Alternativo, en cabeza de su senador Gustavo Petro, realizará en un par de semanas un esperado debate en el que se pretende demostrar que el nacimiento del paramilitarismo en el departamento de Antioquia se produjo cuando el gobernador de esa región del país era ni más ni menos que el actual presidente, Alvaro Uribe Velez.