Consejeros descartan revanchismo de la Cámara de Diputados contra el instituto
Redefinirá el IFE metas del programa de actualización del padrón electoral
El recorte presupuestal de 720 millones de pesos al Instituto Federal Electoral (IFE), que impactó las metas del programa de actualización del padrón de votantes, no significa que "estemos suicidando al registro, sólo que ahora será un proceso a otros ritmos", sostuvo el consejero Rodrigo Morales.
Entrevistado sobre el ajuste de metas que necesariamente tendrán que efectuarse en este proyecto especial, al que se recortó alrededor de 25 por ciento de los recursos presupuestados, Rodrigo Morales, presidente de la Comisión del Voto del IFE, señaló que se pretende replantear dos de las metas vinculadas a dicho proyecto: la actualización de las credenciales 03 y el rediseño de las secciones electorales.
Los anterior no implica que se ponga en riesgo el padrón electoral, particularmente en lo que corresponde a la sustitución de cerca de 24 millones 690 mil de credenciales 03 que aún son utilizadas, agregó el consejero. Señaló que si bien un estudio del Registro Federal de Electores refiere que éstas micas son las que menos candados de seguridad tienen, esto no implica que dejar de sustituirlas vaya a tener un impacto fatal por su utilización.
Lo que pretendíamos originalmente era su sustitución para incorporar a estos ciudadanos a una nueva plataforma tecnológica que ofrecía, naturalmente, mayor seguridad para su uso, abundó.
En la proyección original que hizo el IFE para financiar este programa se propuso una partida de 348 millones de pesos para este año, 426 millones para 2008 y 87 millones para 2009, toda vez que se había planeado en un escenario trianual rumbo a los comicios de 2009.
Otro de los ejes estratégicos que fue alcanzado por el recorte presupuestal que decretó la Cámara de Diputados al IFE es el denominado "programa de reseccionamiento", cuyas metas se alcanzarían mediante una inversión en 2007 de 315 millones de pesos; 439 millones en 2008 y 218 millones en 2009.
Dicho programa consiste en la revisión de las dimensiones de las secciones electorales del país, toda vez que se estima que existen una 13 mil 800 que se encuentran fuera de rango; es decir, cuentan con más de los mil 500 ciudadanos que deben tener, de acuerdo con las previsiones legales.
Esas secciones por arriba del rango representan alrededor de 21 por ciento de las que hay en el país.
Morales señaló que se deberán revisar las metas y abocarse a aquéllas donde las cifras se han disparado sustancialmente, ya que existen algunas que tienen hasta más de 8 mil ciudadanos inscritos, lo que supone una desfasamiento de 6 mil 500; es decir, más de cinco veces lo establecido por ley.
Lo que se debe hacer ahora es establecer metas más focalizadas en ambos proyectos, dijo, pero añadió que será en los próximos días cuando se definirán con precisión las metas a alcanzar en cada proyecto, de acuerdo con el presupuesto con que se cuenta.
"Coincidencia", la posible auditoría
Por otra parte, Morales y Marco Antonio Gómez Alcántar -también consejero electoral- coincidieron por separado en que la intención de que la Auditoría Superior de la Federación -organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados- realice un examen al gasto que destinó el IFE a la realización de los comicios de 2006 no representa revanchismo alguno debido a que el organismo electoral promovió una controversia constitucional por el recorte que sufrió su presupuesto.
Ambos miembros del Consejo General del IFE consideraron una decisión normal ese procedimiento, que sólo complementará la auditoría externa que el propio instituto ordena anualmente a una firma privada.
Gómez Alcántar aseveró que la decisión de una auditoria unos días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya admitido dar trámite a la controversia constitucional -promovida por el IFE por presunta invasión de la Cámara de Diputados en asuntos presupuestarios- es una mera coincidencia, que no tiene ninguna connotación política. "O al menos yo no la veo".
El consejero electoral agregó que, además de la auditoría externa, el IFE tiene su propia contraloría y, en su caso, los partidos políticos cuentan con instancias para vigilar el ejercicio del gasto y las acciones de la autoridad electoral.
A su vez, Rodrigo Morales señaló que estas auditorias son comunes al ejercicio del gasto del IFE. Lo extraño, abundó, sería exactamente lo contrario; es decir, que la Cámara de Diputados no ordenará realizar auditorias al instituto, como las realiza en todos los órganos que reciben recursos públicos.
En cualquier caso, para ambos consejeros, no existe nada que esconder, sino que es una oportunidad para transparentar aún más el presupuesto ejercido por el IFE, que podría incluir no sólo la organización electoral sino también el gasto operativo.