"Se nos está impidiendo el ejercicio de defensa", denuncia abogado de los hermanos
Desoyen autoridades petición de CNDH de acercar a los Sosa a penales de Oaxaca
Exigen familiares al ombusdman ejercer presión para que sea cumplida la demanda
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La señora Beatriz Castañeda (al centro), esposa y otros familiares de Flavio Sosa, uno de los dirigentes de la APPO, cuando acudieron a las oficinas de la Comisional Nacional de los Derechos Humanos a fines enero pasado
Foto: Víctor Camacho
Pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó "con carácter urgente" el pasado primero de febrero a las autoridades federales y de Oaxaca el traslado de los tres hermanos Sosa Villavicencio (presos en los penales de máxima seguridad Altiplano y de Matamoros) a una cárcel del estado, a 20 días de esa demanda, ambos gobiernos no han respondido al organismo nacional de defensa de las garantías fundamentales.
En sendos oficios -a los que este diario tuvo acceso- dirigidos al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz; a los secretarios de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y estatal, Lino Celeya, y a la procuradora de justicia de la entidad, Lizbeth Caña; el organismo encabezado por José Luis Soberanes establece que a los hermanos Flavio, Eric y Horacio Sosa Villavicencio, así como a Catarino Torres Pereda (integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca también recluido en el Altiplano), se les ha vulnerado su derecho a gozar de una defensa legal adecuada, por lo que exhorta a los funcionarios a "restituir" las garantías de los agraviados.
Eduardo Miranda Esquivel, representante legal de los hermanos Sosa, denunció que las autoridades de los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) en los que están recluidos sus clientes exigen a los abogados requisitos ajenos a los reglamentos de dichas cárceles, como: "el color de la ropa, que acreditemos nuestro domicilio personal y no el de la oficina, que llevemos tres cartas de buena conducta avalada por nuestros vecinos, y a su vez identificaciones de los vecinos y demostrar que éstos son de nuestra comunidad, acta de nacimiento, credencial de elector".
Por ello, explicó el jurista, en ocasiones los representantes legales de los Sosa no han podido ingresar a entrevistarse con sus defendidos, pese a que la ley dice que el único requisito para que un abogado pueda ingresar a un penal, además de acreditarse, es contar con una cédula profesional. "Se nos está impidiendo el ejercicio de defensa; a nosotros (los abogados) ejercer la profesión, y a ellos (los Sosa) estar asistidos legalmente", refirió Miranda Esquivel.
Asimismo, subrayó que las autoridades del Cefereso Altiplano, en Almoloya, estado de México, tampoco han permitido la entrada a la madre de los inculpados, Irene Villavicencio, quien en varias ocasiones se ha trasladado desde Oaxaca al Distrito Federal para acceder el penal sin que hasta la fecha lo haya conseguido.
Debido a ello, integrantes del Comité de Apoyo a la Familia Sosa Villavicencio, y parientes de los detenidos, se manifestaron ayer en la sede de la CNDH en demanda de que ese organismo nacional emita una acción urgente para que las autoridades federales trasladen a los detenidos a raíz del conflicto de Oaxaca en penales de máxima seguridad a cárceles de la entidad, "pues propician la desintegración familiar".
También exigieron al ombudsman nacional conceda una cita a los familiares de los hermanos Sosa para que expongan "de viva voz" cómo han vulnerado sus garantías las autoridades estatales y federales; además solicitaron que visitadores de ese organismo acudan con abogados y parientes al penal el Altiplano para verificar que no se les permite el ingreso.
Ante estas peticiones, el director de la cuarta visitaduría. Joaquín Blanes, se comprometió a que este miércoles un equipo de visitadores acompañara a los quejosos a dicho penal para verificar las denuncias; además de que expondría ante Soberanes la petición de los familiares para que éste les conceda una audiencia.
Blanes afirmó que ante la solicitud de información de la CNDH en torno a una queja levantada el pasado 31 de enero por los defensores de que se les negaba el acceso al penal, las autoridades del Altiplano respondieron al organismo nacional que la entrada se había negado porque los abogados no se registraron en el cuadernillo de visitas, lo cual "es falso", sostuvo Miranda Esquivel ante el funcionario de CNDH, por lo que de comprobarse esa violación, afirmó Blanes, el organismo tomará las medidas pertinentes.
El director de la cuarta visitaduría aseguró que Soberanes Fernández presentará en breve el informe final de la CNDH sobre el caso Oaxaca y la recomendación que de él se desglose.
En tanto, el tercer tribunal colegiado del decimotercer circuito de Oaxaca concedió un amparo y protección de la justicia de la Federación a dos de los hermanos de Flavio Sosa Villavicencio (Eric y Gustavo), en contra de la orden de aprehensión dictada por el juzgado mixto de primera instancia de Ocotlán de Morelos, por su presunta participación en la retención de dos agentes de la Policía Ministerial del estado, en el municipio conurbado de San Bartolo Coyotepec.
La justicia federal determinó que el juzgado con sede en esa cabecera distrital resulta incompetente para tramitar el proceso judicial, porque por acuerdo del pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado, por lo que corresponde a los juzgados del distrito del centro con asiento en la capital de Oaxaca, resolver los asuntos judiciales de esa municipalidad, informó el abogado Gilberto López Jiménez.
Con esta decisión, emitida ayer, el juzgado de Ocotlán de Morelos tiene 24 horas para cumplir la ejecutoria en favor de los hermanos Sosa. "Con esto se demuestran las grandes irregularidades y sobre todo que hubo consigna en los procedimientos penales a Flavio y a sus hermanos, así como a otros miembros de la APPO, para encarcelarlos e intentar acabar con el movimiento magisterial y popular", señaló el litigante.