Enfrenta el sector una de las peores crisis, señala informe

Largo, el camino para la mejora salarial de mineros

PATRICIA MUÑOZ RIOS / II

A pesar del aumento extraordinario que han registrado los precios de los minerales en los años recientes, los trabajadores mexicanos de este sector perciben sueldos "muy castigados", inferiores entre ocho y 10 veces a los que se pagan en los países del norte, y laboran en condiciones lamentables; inclusive en actividades como la extracción de carbón, el índice de mortalidad de mineros es "5 mil por ciento superior al de Estados Unidos".

El año pasado, además del colapso en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, donde fallecieron 65 trabajadores, también se registraron accidentes en yacimientos como La Escondida Americana, en ese mismo estado, en el cual hubo siete heridos; en la mina La Luz, donde se reportó un muerto, y en Autlán, Veracruz, con tres decesos, esto sin contar los ocurridos en los llamados "pocitos". La lista de incidentes mortales es larga, por las pésimas condiciones en que se labora.

Un amplio informe denominado A 100 años de Cananea, el sector minero bajo acoso del Estado mexicano, elaborado por varias organizaciones de derechos humanos, entre las que están el Centro de Reflexión y Acción Laboral y Fomento Cultural Educativo, revelan que mientras el año pasado los metales elevaron su cotización en 26 por ciento en promedio, y productos como el oro, la plata y el cobre alcanzaron cotizaciones "récord", en México la industria minera vivió una de sus peores etapas de conflicto laboral.

Pero las cifras de estas organizaciones se quedan cortas, porque el informe que entregó el Grupo Industrial México -propietario de la mina Pasta de Conchos, entre muchos otros negocios- detalla que en el año reciente el precio del cobre se elevó 83 por ciento; el del zinc, 137; la plata, 57.7, y el oro, 35.8 por ciento.

Mientras, en el sector se llegó a la represión de trabajadores, por las huelgas, paros y movilizaciones que se iniciaron a raíz de que las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del sexenio pasado desconocieron a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), y se inició la persecución de sus líderes.

A mar revuelto...

En el mar revuelto, las empresas del ramo se dieron tiempo no sólo para subirse a la ola de las altas cotizaciones y encarecer en el mercado nacional -entre 50 y 60 por ciento- los precios al consumidor de productos como el acero y la varilla, sino también para desaparecer de tajo contratos colectivos con varias secciones del SNTMMSRM, como el de la mina La Caridad, en Nacozari, Sonora; realizar liquidaciones masivas de mineros; tratar de imponer a dirigentes seccionales "blancos", y modificar arbitrariamente condiciones de trabajo, denunció a su vez el sindicato.

Para esta organización, lo que agudizó el conflicto minero en 2006 fue que a los pocos días de que se registró la explosión en la mina Pasta de Conchos y cuando la opinión pública estaba totalmente inconforme con la actuación del entonces titular de la STPS, Francisco Salazar Saénz, la dependencia anunció que había sido destituido Napoleón Gómez Urrutia como secretario general de la organización.

Ex funcionarios de esta secretaría sostuvieron que "antes de la explosión" habían recibido una supuesta petición de tres miembros del consejo general de vigilancia del sindicato para que se destituyera al dirigente, así como una propuesta para imponer a otro: Elías Morales, a quien Salazar señalaba como "su amigo". Sin embargo, el sindicato minero ha defendido que la acción se llevó a cabo como una "cortina de humo" para desviar la atención nacional sobre el accidente y la responsabilidad de la empresa y funcionarios.

Inició así la pugna legal por la dirigencia de la organización, y ambas partes se fueron a tribunales. Decenas de folios de las querellas establecen que el grupo de Gómez Urrutia ha recurrido a demandas para demostrar que la destitución de su líder fue un contubernio entre Salazar Saénz y Elías Morales, y para ello se hizo uso de documentación apócrifa y firmas falsificadas. A su vez, Morales ha sostenido una campaña permanente para encabezar demandas contra Gómez Urrutia por el supuesto desvío de los recursos del fondo minero, por 55 millones de dólares.

"Paros locos"

Sin embargo, la movilización de trabajadores que apoyan a Gómez Urrutia llegó inclusive a acciones que fueron calificadas por Salazar Saénz de "paros locos", que por varias semanas mantuvieron en receso a los principales corporativos minero-metalúrgicos del país, como Grupo México, Industrias Peñoles, Altos Hornos y Grupo Villacero, y motivó la huelga más larga del año en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa).

Esta huelga se quiso romper en abril, en una fallida acción que terminó en una batalla campal, golpiza y asesinato de dos trabajadores y un número indefinido de heridos, así como la afectación de instalaciones; y, lo más grave: la casi total paralización de la economía de Lázaro Cárdenas, es decir, 100 años después regresó el fantasma de Cananea, según detalla el informe referido.

La empresa que era propietaria de Sicartsa, Grupo Villacero, aludió "fuertes pérdidas económicas" por la huelga, pero se recuperó pronto porque a los pocos meses del conflicto pactó la venta de la siderúrgica en poco más de mil 400 millones de dólares a la trasnacional Arcelor, catalogada como "gigante mundial del acero". Cabe referir que Villacero adquirió la siderúrgica en 1991 por 170 millones de dólares, es decir, obtuvo una ganancia nueve veces superior a lo que pagó al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Para el consorcio, el círculo se cerró en su favor.

En cambio, para el sindicato minero y las organizaciones no gubernamentales, el camino todavía es largo, porque se tiene que revertir la violación masiva y sistemática de los derechos de los trabajadores en que incurrió la administración federal pasada para beneficiar a los grandes consorcios Grupo México y Grupo Villacero.

Por ello, apoyaron la presentación de una demanda ante la Organización Internacional de Trabajadores por este asunto y otra más ante esta misma instancia, presentada por las viudas, huérfanos y familiares de los fallecidos.

En su lucha, el sindicato minero ha tenido el apoyo también de representaciones gremiales nacionales, como la Unión Nacional de Trabajadores, y extranjeras, como la Federación Internacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, que han hecho un sinnúmero de llamamientos al gobierno mexicano para que regrese la legalidad a la organización.

Indignados por la "permanente y personal batalla" que emprendieron funcionarios de la pasada administración contra los mineros, en la que inclusive el ex secretario llegó a decir que ellos "se drogaban" antes de entrar a trabajar, estas organizaciones ya pidieron una reunión con el presidente Felipe Calderón para exigir justicia en el sector y para los familiares de los fallecidos en Pasta de Conchos. En voz del secretario de acción política del sindicato minero, Carlos Pavón, la historia de este sector por mejores condiciones es larga, al menos 100 años... desde Cananea.