Editorial
Fox: esclarecimiento improbable
Las declaraciones formuladas el pasado 11 de febrero por el ex presidente Vicente Fox, en las que queda clara la intervención de Los Pinos para favorecer a Felipe Calderón en la contienda electoral del año pasado, así como el implícito reconocimiento de que las instituciones de la República fueron utilizadas para satisfacer un encono personal contra Andrés Manuel López Obrador debieran bastar, en un entorno de mínimo respeto a la legalidad, para ordenar de oficio la comparecencia del guanajuatense ante un órgano jurisdiccional, toda vez que sus palabras permiten sospechar conductas inequívocamente delictivas en el ejercicio del poder.
Antier y ayer el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, relató las presiones de que fue objeto por parte de Fox para que emprendiera una persecución judicial contra Napoleón Gómez Urrutia, dirigente sindical de los mineros, depuesto en forma ilegal por el entonces secretario del Trabajo, Francisco Salazar Sáenz, y dejó en claro que el gobierno foxista encubrió a los responsables de las muertes de 65 mineros ocurridas hace un año en el socavón de Pasta de Conchos, en esa entidad. Los diálogos referidos por Moreira resultan consistentes con el estilo basto y arbitrario característico de Fox y son, por ello, verosímiles. Los señalamientos del mandatario estatal concuerdan también con una administración que se distinguió por su defensa a rajatabla de los intereses empresariales, su desdén por los asalariados, su irresponsabilidad, su frivolidad y su mendacidad. No está de más recordar que seis días después del accidente, cuando era ya innegable que los trabajadores enterrados estaban muertos, Fox aseguró que continuaban los trabajos de barrenado para "abastecerlos de oxígeno y de alimentos".
Sin embargo, la revelación de Moreira es reprochable por extemporánea. Si es cierto lo que afirma el gobernador coahuilense, resulta deplorable que no haya tenido el valor para decirlo cuando Fox ostentaba la Presidencia y no ahora, cuando no es más que un conferencista deslenguado.
En una verdadera democracia, las confesiones propias en torno a la persecución contra López Obrador y al proceso electoral del año pasado, la injerencia gubernamental en el sindicato minero, la desidia criminal de las autoridades federales ante las terribles condiciones laborales prevalecientes en las plantas de Industrial Minera México, y otras arbitrariedades y turbiedades del ejercicio del poder presidencial tendrían que ser materia suficiente para emprender un proceso penal para esclarecer las presuntas responsabilidades de Fox a lo largo de su mandato. Es sumamente improbable, sin embargo, que ello ocurra en el ámbito de una institucionalidad dominada por las alianzas, las complicidades transexenales y los intereses de un grupo político-empresarial que dan cohesión a la alianza de facto PAN-PRI, el cual otorga sustento al quehacer presidencial, cuenta con la mayoría en ambas cámaras, es dueña de la autoridad electoral y se asegura la fidelidad de los consorcios mediáticos regalándoles leyes a la medida de sus ambiciones.
En ese contexto lo más probable es que los posibles delitos perpetrados desde el poder público durante el foxismo consigan en el actual gobierno, continuador explícito del anterior, un estatuto de impunidad semejante al que lograron los responsables de la guerra sucia de los años 70 y 80, los operadores del fraude electoral de 1988, el grupo compacto que desbarató el país durante el salinato y los culpables de encubrir y legalizar el escandaloso saqueo nacional cometido al amparo del "rescate bancario" zedillista.
No hay margen para llamarse a engaño. La impunidad es un hilo que articula a los gobiernos nacionales desde el diazordacismo hasta el presente, y ese hecho permite, entre otras cosas, el resurgimiento actual de políticas autoritarias, represivas y violatorias de los derechos humanos que debieran resultar imposibles en el México del siglo XXI, en el cual la rendición de cuentas de los gobernantes sigue siendo una aspiración incumplida.