Usted está aquí: lunes 19 de febrero de 2007 Opinión Tropas mexicanas al exterior

Javier Oliva Posada

Tropas mexicanas al exterior

Cuando la derecha llega a gobernar tiene un marcado instinto reinvidicatorio respecto de la historia; la tendencia a rescribir el pasado para justificar o intentar corregir los acontecimientos idos es una constante. Ha sucedido con el Partido Popular en España y su rechazo a condenar las brutalidades de la dictadura franquista. En México, faltaba más, también. Una clara, contundente y preocupante muestra puede leerse en las conclusiones de la reunión de los legisladores panistas con funcionarios del gobierno federal (en Valle de Bravo, 3 y 4 de febrero) con motivo de la preparación de la agenda legislativa.

En particular el audaz anuncio del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, respecto del envío de tropas mexicanas al exterior en misiones ajenas a las que contempla la Constitución. Estas no son otras que la participación en operaciones de interposición aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en la práctica son ejércitos de ocupación en países o regiones donde la paz y seguridad de la población civil amerita una presencia internacional.

Es un anuncio sorpresivo porque, en todo caso, correspondería a la Secretaría de Relaciones Exteriores realizar una evaluación de fondo respecto de la conveniencia jurídica, diplomática y política de una determinación de semejante naturaleza. Por otra parte, la propensión de los funcionarios de gobiernos entrantes a lo que suponen la "novedad" o innovación sólo por el hecho de marcar distancia o diferencia de gobiernos precedentes, nos lleva a escenarios como el que ahora comentamos.

Como otro ejemplo, leemos con frecuencia las posturas que apoyan y avalan la relección consecutiva de legisladores, sin considerar ni analizar la evidente apropiación de grupos y familias que hacen de las estructuras partidarias y de representación. La relección acabaría por escriturar los partidos políticos a esos clanes.

Ahora la cuestión es por demás delicada. En primer lugar, porque estamos ante una de las bases fundamentales de doctrina de la política exterior de México, que soporta la orientación del Estado y no de un gobierno que tiene fecha de término.

En materia de relaciones diplomáticas y militares, emitir opiniones de funcionarios de primer sin venir a qué, no demuestra sino un evidente desconocimiento en la materia, pero, además, se ignora el riesgo en el que se pone a una de las instituciones que más confianza ciudadana genera como son la fuerzas armadas. México es uno de los raros y afortunados casos en donde la política exterior es preminente sobre la diplomacia militar. La trayectoria y ubicación geográfica de México es una de las razones por las que a nuestro país ni le conviene ni debe participar en misiones de la ONU.

Sobre todo, porque en la mayor parte de los casos se trata de acciones militares que pretenden corregir los excesos diplomáticos, comerciales y de intereses locales de Estados Unidos. Aquí unas pláticas o lecturas de geopolítica e historia serían convenientes para una postura conservadora y de derecha, que en su accionar puede comprometer el futuro del país. Sin olvidar que se aconseja un buen estudio y análisis en el contenido en la materia en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en lo que hace a las facultades del Senado de la República. Además, de ser posible, considerar la opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo serio y delicado de éste y otros temas debiera conminar a los funcionarios del gabinete del presidente Felipe Calderón a no abrir debates innecesarios. Cabe recordarles que la modificación en el marco legal pasa por una sofisticada y compleja negociación parlamentaria y que mientras no evidencie ni el Ejecutivo ni sus fracciones en el Congreso su agenda legislativa ni sus iniciativas, todo serán especulaciones y suposiciones, mas no acciones de gobierno amparadas por el estado de derecho.

Antes de enviar tropas al exterior, pensemos si la agenda de necesidades sociales en materias de seguridad pública y justicia han sido cubiertas y atendidas.

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