Denuncian su presencia en Viejo Velasco Suárez
Niega Opddic que hubiera participado en desalojo
Presunto grupo paramilitar de filiación priísta en Chiapas
San Cristóbal de las Casas, Chis. 18 de febrero. Tras los recientes señalamientos del Comité Clandestino Revolucionario del EZLN contra la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), ésta niega ahora su participación en el desalojo criminal de Viejo Velasco Suárez, en Montes Azules, el pasado 13 de noviembre, y asegura no tener "militancia" en la zona de la comunidad lacandona. No se deslindó antes, aunque abundaban denuncias y testimonios sobre su presencia en el norte de la selva y su actuación en el ataque.
La valoración que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) divulgó el 16 de noviembre de 2006, sobre el reporte de diversas ONG que acudieron a Viejo Velasco a raíz del ataque, ofrece una descripción reveladora: "La Policía Sectorial (de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas) y la Procuraduría General de la República acuden en helicóptero al lugar de los hechos minutos después de ocurridos, sin detener a nadie y sólo a levantar los cuerpos. El Ejército destacamentado en la zona -con campamentos en Cintalapa, Crucero San Javier, Frontera Corozal y Crucero Chancalá, todos rodeando la comunidad de Viejo Velasco-, siendo estratega del plan de campaña contrainsurgente, es omiso en el momento de los hechos."
Destaca un evento "no menor" ocurrido en la comunidad Busiljá, a unos 15 kilómetros de Viejo Velasco, el 9 de noviembre, cuando seis hombres armados y portando el uniforme de la Policía Sectorial amenazaron con disparos a diversas familias de Busiljá, desplazándose 18 personas y quedándose otras aún amenazadas. "Los hechos ocurrieron en presencia de tres patrullas de la Policía Sectorial".
Los afectados denunciaron que los agresores, de la misma comunidad, eran miembros de la Opddic, "que los uniformes les son proporcionados por la Policía Sectorial y que ambos 'siempre se ponen de acuerdo'". Estas versiones, que se repitieron mucho esos días, no fueron desmentidas. Ni siquiera cuando el CDHFBC recibió en diciembre una carta firmada por una desconocida Fundación Lacandona (parte de la comunidad lacandona) y la propia Opddic, donde los firmantes aceptaban su participación en el violento desalojo en Velasco Suárez y amenazaban ahora a los observadores civiles.
Si bien hubo versiones de que la carta (que contenía algunos errores) procedía directamente de alguna oficina del gobierno estatal, ni la Opddic ni los lacandones la desautorizaron. Como sea, reproducía los términos con que estos priístas se dirigen a las comunidades autónomas y otras, a las que amenazan continuamente. Además, reconocía la posesión de armas y su intención de usarlas.
El Centro de Análisis e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise) elaboró tres informes sobre la organización priísta, documentando agresiones y afectaciones agrarias contra los municipios autónomos: Operación despojo y Atando cabos (ambos publicados en noviembre de 2005), y La Opddic, un tumor maligno en Chiapas (abril de 2006). Un pasaje de este último delinea el modus operandi en Chilón del presunto grupo paramilitar:
"Con el aval y la complicidad de la Procuraduría Agraria, la dirigencia de la Opddic promete la apropiación de más tierras a indígenas y campesinos de las distintas regiones, siempre y cuando dejen su organización y pasen a la Opddic. Si alguna familia se niega, le cobran multas y cuotas mensuales para obligarla a incorporarse. Al mismo tiempo hostigan, intimidan y amenazan a familias que decidieron no ingresar a sus filas.
"Paralelamente realizan trámites y acuerdos con la Procuraduría Agraria para 'legalizar' las tierras recuperadas por el EZLN. Una vez que adquieren el 'título de propiedad', acusan a los zapatistas de invasores, amenazándolos con desalojo forzoso". En todos los casos en que Opddic exige el desalojo de los autónomos, convoca a otros ejidos, poblaciones y organizaciones para apoyar la acción. "Distribuye propaganda contra los zapatistas, y argumenta que éstos 'no tienen papeles o títulos'; por tanto, dice, no tienen derecho a ocupar ni trabajar la tierra". Opddic utiliza los términos "legalidad" o "legítimo dueño". Siempre menciona que los "títulos de propiedad" le fueron otorgados por la Procuraduría Agraria. "Después recurre a la policía y al Ejército para intimidar o desalojar 'legalmente' a las bases zapatistas. Si no lo logra, recurre a los paramilitares de la selva".