Dilación en los dictámenes para obligar a Minera México a cumplir medidas de seguridad
Pasta de Conchos evidenció el rezago de la STPS en materia de inspección
La delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Coahuila, donde se ubica la mina Pasta de Conchos, mantenía hasta 2006 un rezago aproximado de 730 expedientes relativos a irregularidades en materia de seguridad e higiene detectadas en diversos centros de trabajo, según declaró María del Carmen Martínez Sánchez, subdirectora delegacional en esa entidad de la dependencia, el 22 de junio de ese año, cuatro meses después de la explosión en el yacimiento.
Al rendir su testimonio ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), la funcionaria precisó que dichos documentos de inspección carecían de los dictámenes correspondientes para exigir a las empresas que cumplieran con las medidas necesarias para garantizar la integridad física y la vida de sus trabajadores.
A su vez, Raúl Sarmiento Villegas, director jurídico y encargado del despacho de la delegación federal del Trabajo en Coahuila, declaró en junio pasado a la contraloría interna de la STPS que el procedimiento de sanción en contra de la empresa Industrial Minera México (IMM) por 35 irregularidades detectadas en Pasta de Conchos desde julio de 2004, se retrasó un año debido a que en dicha delegación "carecemos de personal calificado suficiente y necesario para realizar de manera oportuna nuestras actividades diarias".
Pese al argumento de Sarmiento, en noviembre de 2005 -tres meses antes del accidente en Pasta de Conchos-, cuatro inspectores de la STPS adscritos a la ciudad de Sabinas informaron a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo que no se estaban cumpliendo las metas previamente establecidas para el cuerpo inspectivo asignado a esa localidad, puesto que desde abril de ese año no se había recibido ninguna orden para efectuar revisiones de seguridad a los centros mineros.
Jesús Reynaldo Menchaca, Rolando Rodríguez Guijarro, José Ríos Cepeda y Mario Alberto Fraga Zamarrón enviaron un escrito a Mario Hernández Gallardo, director general de Inspección Federal del Trabajo, para denunciar que desde abril de 2005 y hasta octubre de ese año, permanecía paralizada su labor de inspección.
Pruebas
Frente a funcionarios del Organo Interno de Control (OIC) de la STPS, Martínez Sánchez señaló en junio de 2006 que es la única servidora pública en Coahuila con facultades para elaborar los dictámenes sobre violaciones a las medidas de seguridad e higiene, así como de irregularidades detectadas en materia de recipientes sujetos a presión y generadores de vapor de las industrias, a pesar de que en esa entidad existen al menos 180 centros mineros reconocidos, según estudios de especialistas en la materia.
Según consta en el expediente administrativo DE/66/2006, de la SFP, la funcionaria refirió: "es de destacarse que se manejó un número importante de asuntos rezagados, relativos a emplazamientos de seguridad e higiene, correspondiendo a 2004, uno; a 2005, 120 y al 2006, 16; y en materia de recipientes sujetos a presión y generadores de vapor de 2005 y 2006 aproximadamente son 600 asuntos".
Asimismo, explicó que en julio de 2004, inspectores detectaron inconsistencias en Pasta de Conchos que ponían en riesgo la salud e integridad física de los más de 200 trabajadores del yacimiento, pero que fue hasta el 8 de julio de 2005 cuando se elaboró el dictamen correspondiente.
Sin embargo, dijo, el emplazamiento a IMM se le notificó hasta el 15 de septiembre de 2005, casi dos meses después de que se realizó el dictamen sobre 35 irregularidades detectadas en la mina.
Agregó que aunque la empresa tenía como plazo máximo para realizar las adecuaciones al yacimiento el 4 de octubre de 2005, la comprobación por los inspectores de la STPS se realizó, y de manera parcial, hasta el 7 de febrero de 2006, 12 días antes de la explosión.
Por su parte, Raúl Sarmiento Villegas justificó el hecho de que la STPS tardó un año en elaborar el dictamen para emplazar a IMM a que realizara 35 modificaciones a Pasta de Conchos, con el argumento de que "la dirección de Asuntos Jurídicos (de la delegación federal del Trabajo en Coahuila) cuenta únicamente con dos personas, un abogado dictaminador y una secretaria".
Subrayó que desde la visita a la delegación federal, ocurrida en agosto de 2004 y realizada por Rosalba Quiroz Arrieta, funcionaria del OIC de la STPS, "se hizo de su conocimiento de diferentes situaciones relacionadas con esta problemática, de tal suerte que este importante órgano también tenía conocimiento".
En tanto, el abogado Manuel Fuentes Muñiz, represente legal de algunos familiares de los 65 mineros que quedaron atrapados, aseguró que las declaraciones de los funcionarios de la STPS en la delegación de Coahuila "demuestran el abandono en que el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo, ha tenido en materia de inspección para prevenir riesgos de trabajo de los miles de obreros mexicanos".