No es lo mismo reportero que periodista: González Alcocer
Logra AN retrasar dictamen sobre difamación y calumnias
Insiste en que se aplique castigo penal por esos delitos
Ampliar la imagen Los senadores Pablo Gómez y Dante Delgado durante la reunión de la Comisión de Justicia, en Xicoténcatl Foto: Jesús Villaseca
El PAN en el Senado insiste en echar abajo la minuta de la Cámara de Diputados, por la que se despenalizan la calumnia y la difamación, e incluso está en contra de un proyecto de dictamen, que deja en el Código Penal esos delitos, llamados de opinión, pero se precisa que no se aplicarán a periodistas y comunicadores en general.
La propuesta por la que se crea un artículo 360 bis en el Código Penal Federal, a fin de eximir al gremio periodístico de ser sujetos a penalización por calumnias y difamación, se elaboró con base en la opinión de la consultoría jurídica del Senado, para dar una salida política al problema, ya que incluso el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al órgano legislativo aprobar la minuta aceptada por los diputados.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, tampoco está de acuerdo con esa propuesta -que avala el PRI-, ya que considera que debe hacerse una distinción, para que columnistas y editorialistas enfrenten en el ámbito penal procesos por difamación.
Entrevistado ayer, luego de que se decidió posponer 15 días el dictamen de la minuta, González Alcocer dijo que "no es lo mismo reportero que periodista" pues, a su juicio, en el caso del primero, "plasma opiniones de terceros", mientras que un articulista o columnista "escribe su propia opinión, y si comete calumnia o difamación, debe responder ante la ley".
Puso como ejemplo la denuncia penal que presentó Marta Sahagún contra Proceso y la escritora Olga Wornat. En ese caso -dijo-, la periodista sí sería responsable, ya que es la autora del libro; no así la revista fundada por Julio Scherer, que sólo publicó el documento.
El tema mantiene divididas a las fuerzas políticas, por lo que la minuta aprobada por todas las bancadas en la Cámara de Diputados, incluido el PAN, tiene casi un año en el Senado, sin que se dictamine, fundamentalmente por la oposición de los panistas.
Incluso, a fines del pasado periodo legislativo hubo un intento de dar un albazo, ya que en diciembre apareció un dictamen presentado por las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, en el que se daba marcha atrás a la minuta que deroga diversos artículos del Código Penal Federal, a fin de despenalizar la calumnia y la difamación.
El senador del PRD Carlos Sotelo responsabilizó de ello a González Alcocer, quien lo rechazó, pero es uno de los más férreos opositores a que se deroguen la calumnia y difamación.
En el proyecto de dictamen que ayer circuló entre los integrantes de las comisiones dictaminadoras se precisa que en la minuta de la Cámara de Diputados existen dos principios en pugna: el derecho a la libre expresión, por un lado, y el derecho a la privacidad, el honor y la buena reputación, por otro.
Se precisa que "es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia", y "ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni cortar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública", como se establece en el artículo séptimo constitucional.
Sin embargo, los dictaminadores consideran que la decisión de los diputados de suprimir los delitos de difamación y calumnia del Código Penal Federal requiere "diferenciar" a los periodistas de "aquellas personas que no se encuentran en ese supuesto, pero que son susceptibles de cometer esos delitos".
Lo que sí se aprobó ayer en esa comisión, a propuesta del PRD, es que comparezcan los 26 candidatos para una plaza de consejero en la Judicatura Federal. El perredista Ricardo Monreal advirtió que con un informe de 10 cuartillas no es posible conocer su trabajo y compromiso profesional.
Se aprobaron también las minutas en torno a la explotación sexual de menores y de cambios al Código Civil, para considerar la violencia intrafamiliar como causal de divorcio.