Solicita al Ministerio Público información del expediente
Castro Lozano "analizará" los avances en la demanda de Cacho
Ampliar la imagen
Juan de Dios Castro realizará diligencias en el caso Lydia Cacho
Foto: Carlos Ramos Mamahua
De manera personal, Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), realizará diligencias en el caso de Lydia Cacho Ribeiro, quien denunció penalmente al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y funcionarios públicos de esa entidad por la presunta comisión de violación de las garantías individuales de la periodista en diciembre de 2005.
De acuerdo con fuentes oficiales, el subprocurador Castro Lozano ya pidió a los agentes del Ministerio Público encargados del caso, la información de los avances que ha tenido la indagatoria, y también las perspectivas jurídicas del asunto.
Sin embargo, Castro Lozano declaró el pasado 9 de febrero, al ser entrevistado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que esperará a la decisión que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), "porque yo no puedo decir hay violación de garantías sin tener la información y los elementos. No puedo hacer ninguna afirmación más que esperar la decisión de la Corte, ya que ha nombrado una comisión de magistrados y de miembros del Poder Judicial para investigar ese hecho en los términos del (artículo) 97 de la Constitución".
Lo anterior, a pesar que desde finales de diciembre, según las fuentes consultadas, el funcionario de la PGR recibió un informe puntual de la averiguación previa, las declaraciones vertidas y también los escenarios jurídicos del caso.
En ese contexto, Castro Lozano analizaría con el entonces fiscal David Vega Vera la posibilidad de turnar el expediente de Lydia Cacho a la justicia poblana, ya que supuestamente no había datos que acreditaran la comisión de un delito de carácter federal.
Pero también se habrían dado argumentos en el sentido de que si se turnaban los resultados de la investigación a las autoridades de esa entidad, aun cuando se demostrara la existencia de violaciones a los derechos humanos de la comunicadora, correspondería a la procuradora Blanca Laura Villeda (acusada junto con el gobernador Marín) y a jueces de esa entidad resolver sobre el particular, lo que abriría la puerta a que los delitos cometidos quedaran impunes.