Pide a la Corte que se apresure a emitir dictamen del caso
El PRI insiste en cerrar filas con el gobernador poblano
El PRI cerró filas ayer, nuevamente, en torno al gobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, quien ha denunciado la existencia de una red de pederastia con personajes relacionados con el mandatario estatal.
Los integrantes de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional priísta acordó, por unanimidad, enviar una excitativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que emita a la brevedad su dictamen en torno a este caso.
Mariano Palacios Alcocer, presidente del PRI, dijo que la "solidaridad" con el mandatario poblano tiene como finalidad que el dictamen del máximo tribunal del país no se empalme con las elecciones intermedias en Puebla, a realizarse en noviembre próximo.
"Será un año electoral y nos parece que sería saludable separar la normalidad del proceso electoral de la facultad constitucional investigatoria que tiene la Corte", dijo.
Los priístas afirmaron que respetarán el veredicto de la SCJN y que las acciones de la comisión política del tricolor van en el sentido de solidarizarse con Marín y con la ciudadanía de aquella entidad.
"No nos parecería saludable que se mezclaran ambas líneas por la función que puede generar y por el entorpercimiento que el discurso político y la oferta de campaña pudieran tener con este tema", señaló Palacios en entrevista.
Del mismo tema, Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado (y coordinador de los senadores priístas) justificó la decisión del Consejo Político Nacional, con el argumento de que no debe politizarse este tipo de casos, y confió en que una eventual dilación de la SCJN no afecte los resultados electorales, como ocurrió en 2006, cuando otras fuerzas políticas aludieron al caso como "un linchamiento y no justicia".
El legislador sostuvo que Marín no está vinculado con los casos de pederastia; "esa no es la acusación", sino una investigación derivada de una llamada telefónica "y por acciones que supuestamente pudieron haberse llevado a cabo", pero que no llegan a la acusación de pederastia.
"Por ello, lo que saldría más caro para el país son los linchamientos y no la justicia que debe ejercerse", concluyó.